Mientras continúa el trabajo en los despachos -tanto los de los gobiernos aragonés y catalán como los obispados de Lérida y Barbastro-Monzón-, el litigio por los 112 bienes de las parroquias de la zona oriental de Huesca sigue dirimiéndose en los juzgados. De hecho, en varias sedes judiciales los respectivos procesos que instruyen están ya en la recta final, por lo que es previsible que las resoluciones no se hagan esperar demasiado.

La cita más inmediata es el juicio que se celebrará en Lérida el día 18 por la demanda que presentó la Asociación de Amics del Museu de Lleida para dirimir la propiedad de más de 80 de las 112 piezas que la diócesis de Barbastro-Monzón reclama a la de Lérida. Será la primera sentencia de un tribunal civil sobre este asunto, en el que las distintas instancias vaticanas siempre han fallado a favor de los intereses de Aragón.

Precisamente para que se reconozca su validez en España el obispado barbastrense y el Gobierno de Aragón presentaron hace un año en un juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Barbastro una solicitud de exequátur, que se espera que se resuelva antes del verano. Tras concluir el segundo plazo de alegaciones que el magistrado concedió a las partes, los implicados están a la expectativa de conocer el informe del fiscal. Después llegaría ya la decisión final del juez sobre si acepta o no la petición de ejecución del decreto que ordenaba a Lérida la devolución inmediata de las obras.

Además, la DGA planteó el pasado verano en Lérida un contencioso-administrativo contra el Consorcio del Museo de Lérida por desestimar en abril de 2009 el requerimiento del Ejecutivo aragonés de adoptar los acuerdos necesarios para devolver a Barbastro-Monzón los 112 bienes.

Otro caso distinto, aunque con un trasfondo similar, es el de la reclamación de tres piezas de Berbegal y Peralta. Tras negarse el obispo de Lérida, Joan Piris, a realizar las gestiones para su vuelta que le pidió su homólogo oscense, Jesús Sanz, los dos ayuntamientos presentaron contra el primero sendas querellas criminales por un presunto delito de apropiación indebida. La juez de Huesca se declaró incompetente por cuestiones territoriales, aunque los alcaldes no se rinden y presentarán su denuncia en otro juzgado.