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Uno de los detenidos por narcotráfico en Alagón cumplió condena por un asesinato cometido en 2010

Rafael V. K., alias El Rafita, es considerado uno de los presuntos líderes de la banda desmantelada en la capital de la Ribera Alta, Gallur y la Puebla de Alfindén, con ramificaciones en Álava.

Registro policial
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Uno de los presuntos cabecillas de la “peligrosa organización criminal” dedicada al narcotráfico radicada en Alagón y desmantelada recientemente por la Policía es Rafael V. K., alias ‘El Rafita, un vecino de la localidad conocido, entre otras cosas, por su pasado delictivo. El hecho más grave que consta en su historial es una condena de diez años de cárcel por el asesinato que cometió en 2010 en la puerta del bar Los Panaderos, que regentaba su padre en Alagón. 

Rafael V. K. Tenía entonces 28 años y mató de un disparo a Juan Gonzalo E. L., de 25, quien había acudido a buscarlo junto con otros tres jóvenes para cobrarse una deuda de 2.100 euros por drogas que debía a uno de ellos. El tribunal lo condenó también a un año y medio de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas.

El crimen ocurrió el 6 de septiembre de 2010, en plenas fiestas de Alagón. El joven de 25 años que luego resultaría muerto y sus tres amigos se presentaron de noche en el pueblo y después de buscar al Rafita en el bar de su padre y en su casa y no encontrarlo, se llevaron de su vivienda una máquina de limpieza, con la finalidad de que se pusiera en contacto con ellos. Cuando los cuatro se dirigieron de nuevo al bar en un coche, Rafael V. K. salió a la puerta y efectuó dos disparos, lo que provocó que retrocedieran unos metros. No obstante, al pensar que la pistola era de fogueo, regresaron al lugar.

Juan Gonzalo E. le plantó cara pensando que iba a resolver el encontronazo a puñetazos, pero de pronto El Rafita sacó una pistola y le disparó. Este hecho declarado probado por el tribunal supuso un ataque "sorpresivo", "repentino" e "inesperado" que no dejó a la víctima posibilidad alguna de evitar la agresión y defenderse, lo que supuso una clara alevosía, como mantuvieron entonces la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el abogado penalista ya fallecido Javier Notivoli.

No obstante, el tribunal tuvo en cuenta que el acusado si bien no tuvo miedo por perder la vida, sí lo tuvo por su integridad física, una circunstancia eximente de legítima defensa que fue apreciada entonces por el magistrado presidente, José Ruiz Ramo, como había solicitado el letrado de la defensa, Enrique Trebolle, lo que le permitió rebajar la condena y dejarla en diez años. 

La investigación que se abrió por el crimen  ya vinculó tanto al autor del disparo como a la víctima con sendos grupos de delincuentes ubicados en la Ribera Alta del Ebro dedicados al narcotráfico y a la extorsión cuando los deudores no cumplían puntualmente con los pagos. De hecho, entonces se descubrió que Juan Gonzalo E. L., conocido como ‘El Chino’, acudió a Alagón a cobrarse un dinero que debía El Rafita a la banda por una compra de ‘speed’.

Las pesquisas de la Guardia Civil de Logroño sobre las dos bandas  incluía escuchas telefónicas. Esto les permitió detectar el día del crimen que se cruzaron varias conversaciones en las que se hablaba del homicidio. En un primer momento, creían que quien había muerto era El Rafita, y no le dieron mayor importancia. Pero uno de ellos les sacó de dudas y les dijo: "El Chino ha chinao". Posteriormente hubo otra que decía: "El muerto es el nuestro".

En ese momento se dio la circunstancia de que Juan Gonzalo E. estaba pendiente de ser juzgado por encubridor del conocido como crimen de la calle de Contamina de Zaragoza, del que fue víctima Iñaki de las H., un joven que murió a causa de un brutal puñetazo que recibió a la salida de un bar del Casco Histórico. Por este crimen fue condenado Marcos J. D. a cuatro años de cárcel al considerarse un homicidio imprudente.

Rafael V. K. fue juzgado por el asesinato de Juan Gonzalo E. por un jurado popular. Con él se sentó en el banquillo de los acusados su padre. Rafael V. S., por un delito de amenazas. Ambos fueron condenados, el primero  a once años de prisión: diez años por el crimen y uno y medio por tenencia ilícita de armas. Su padre fue declarado culpable de un delito de amenazas y le impusieron un año de cárcel.

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