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El Gobierno de Aragón condenado a indemnizar con 175.000 euros a una paciente por un retraso en una cirugía de espalda

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón considera que sufrió una pérdida de oportunidad en el tratamiento médico.

Foto del Hospital Clínico de Zaragoza, con la obligatoriedad del uso de la mascarilla
Imagen de archivo de la entrada al Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza.
Toni Galán

El Gobierno de Aragón ha sido condenado a indemnizar con 175.000 euros a una paciente por un retraso de dos años en una cirugía de espalda con graves secuelas de movilidad.

Así se desprende de la sentencia dictada por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el pasado 14 de mayo, y tramitada por el abogado Ricardo Agóiz, de los servicios jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’ en Aragón. En ella se estima la pretensión de María F. G. "al considerar que sufrió una pérdida de oportunidad en el tratamiento médico", por lo que ha sido indemnizada con 175.000 € a cargo de la aseguradora del Gobierno de Aragón.

Los hechos se remontan a 2014, cuando María F. G., de 40 años, comenzó con problemas en la espalda por hernia discal. Fue atendida en su centro de salud por los dolores que sufría, y que "se irradiaban a las piernas".

También fue atendida, explica el abogado Agóiz, en el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, donde le realizaron una resonancia en 2016, con el diagnóstico de hernia L5-S1. "En ese centro le indicaron que había que operarla, pero tardaron dos años en hacerlo", resume. Durante ese tiempo, la paciente acudió "múltiples veces" a su centro de salud y al Hospital Lozano Blesa, "aquejada del agravamiento de los síntomas sin que se hiciera prueba alguna (nueva resonancia) para conocer la evolución de la patología. Únicamente le daban medicación para el dolor".

Sin embargo, "la agravación evolucionó tanto que llegó a precisar muletas para caminar. Y cuando le hicieron esta nueva resonancia, en 2018, los médicos se dieron cuenta de la gravedad de la situación y decidieron operarla inmediatamente".

Sin embargo, relata el abogado que representa a la Asociación 'El Defensor del Paciente', "la operación no pudo recuperar a la paciente, que ha quedado con falta de sensibilidad de cintura para abajo y precisa muletas o silla para desplazarse".

"Todo ello -dice- se hubiera podido evitar si le hubieran repetido la resonancia y le hubieran operado en el plazo de esos dos años de espera, en el que iba paulatinamente agravando su situación sin que se hiciera nada".

Debido a esta situación, la paciente acudió a la Asociación ‘El Defensor del Paciente’ y por medio del abogado Ricardo Agóiz se presentó reclamación de responsabilidad patrimonial ante Sanidad del Gobierno de Aragón, que desestimó el caso "pese a que la propia Inspección Médica del Gobierno de Aragón estableció que la reclamante tenía razón en sus pretensiones". Motivo por el que se inició proceso judicial contencioso-administrativo que ha culminado con la sentencia el TSJ de Aragón. Allí se cita textualmente: "Es razonable, por tanto, pensar que, si la recurrente tenía durante esos dos años, esos sufrimientos y la agravación de las secuelas, que hemos expresado, el seguimiento de la enfermedad no fue adecuado”.

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