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El Gobierno de Aragón tilda de electoralista el recurso de la Moncloa contra Aragón por la ley de memoria

El Consejo de Ministros ha aprobado llevar al Tribunal Constitucional la derogación de la norma. 

Mar Vaquero, vicepresidenta y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón.
Mar Vaquero, vicepresidenta y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón.

El Gobierno de Aragón no ha tardado en reaccionar a la decisión del Consejo de Ministros de este martes de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, duramente criticada por ONU. La vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, achaca la decisión de la Moncloa a que el Gobierno de España "está instalado en una política de confrontación" y al "momento de conveniencia electoral para Sánchez". 

Vaquero ha dicho que este recurso de inconstitucional va en contra de la autonomía de Aragón y del respeto a las Cortes, la representación política de todos los aragoneses, ya que fue esta institución la que acordó la derogación. 

La vicepresidenta y consejera de Economía considera que el Gobierno de España debería saber "que no existe ninguna norma que obligue a tener una ley memorialista" y ha defendido la postura de Aragón de aprobar un plan de concordia, que se dará a conocer antes del verano y que está intentando recabar el máximo consenso. 

"Hay Comunidades como Galicia, Madrid y Castilla-La Mancha que no la tienen, y podríamos decir en estos casos que el Estado ha estado incumpliendo o ha consentido una situación de inconstitucionalidad", ha declarado durante una visita a Huesca, reiterando que el recurso solo obedece a "una política de confrontación con las Comunidades Autónomas que no aplaudimos las políticas de Sánchez". Frente a ello, ha añadido, "el Gobierno de Aragón seguirá defendiendo su autonomía y el papel de las Cortes". 

Mar Vaquero confía en que el Constitucional resuelva a favor del Ejecutivo PP-Vox porque la derogación ha sido avalada por unos informes jurídicos que calificó de "intachables". Hoy se ha conocido que el Consejo Consultivo de Aragón no ve impedimento jurídico en la derogación. En un dictamen firmado por su presidente, Xavier de Pedro, el organismo autonómico coincide con la DGA en que la Comunidad no está obligada a contar con una norma que regule este campo, puesto que ya existe una legislación estatal que ampara al conjunto del país.

Para la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria, "las amenazas del Gobierno de España" no respetan los derechos de los aragoneses, reflejados en su parlamento autonómico. "Desde el Gobierno de Aragón, sustentado por dos partidos, concurrimos a las elecciones anunciando la derogación de la ley porque no representaba nuestra política de convivencia, de rescatar el espíritu de la Transición, y los aragoneses nos dieron esa mayoría para llevar a cabo la política a la que nos comprometimos", ha declarado, para concluir que "han sido las Cortes donde está la representación política las que han decidido que esa ley se derogara y que todas las víctimas de la violencia ideológica de una etapa que queremos superar tengan reconocida su dignidad, su memoria y sin ningún tipo de fractura sino en ánimo de convivencia". 

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