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Los economistas urgen una reforma de la financiación autonómica que beneficiaría a Aragón

Fedea y el Consejo General de Economistas son pesimistas respecto a un posible acuerdo entre PP y PSOE, aunque respaldan la prometida condonación de deuda.

Foro sobre financiación autonómica y fiscalidad organizado por CGE y Fedea en Madrid.
Foro sobre financiación autonómica y fiscalidad organizado por CGE y Fedea en Madrid.
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El Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han reclamado hoy una reforma urgente del sistema de financiación autonómica en la que, de acuerdo a la población ajustada, Aragón sería uno de los territorios más beneficiados. Los expertos, no obstante, ven lejano el acuerdo entre PP y PSOE dada la actual situación política, por lo que plantean algunos retoques iniciales, como un fondo de compensación a las comunidades más infrafinanciadas. Además, avalan la propuesta del Gobierno central de condonar parte de la deuda regional pero rechazan el cupo catalán que ansían los independentistas.

Son las principales conclusiones de un foro celebrado este jueves en Madrid en el que ha quedado claro que las opciones reales de reformar el sistema de financiación esta legislatura son prácticamente nulas. “No se dan las condiciones para el acuerdo”, ha reconocido Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea. A su juicio, lo más adecuado sería un pacto entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, que se impusiera a las distintas sensibilidades territoriales que hay en este asunto. Pero el bloqueo y la actual crispación política lo hacen prácticamente inviable.

Para Aragón, la reforma es de sumo interés, puesto que aun siendo una de las autonomías que presenta un índice de financiación -levemente- por encima de la media, con el nuevo sistema mejoraría con mucho su posición. Según un estudio técnico que realizó Fedea, al actualizar los criterios de dispersión, despoblación y envejecimiento, la Comunidad sería, junto con Extremadura, la más beneficiada.

No obstante, los expertos reconocen que esta variable es una de las que más dificulta el acuerdo, puesto que “los cambios en población ajustada son de suma cero, donde lo que suma uno lo pierde otro, por lo que no es la mejor forma de iniciar la negociación”, ha señalado Diego Martínez-López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador asociado de Fedea.

Ante esta situación de bloqueo, los economistas sí que plantean, al menos, una serie de medidas correctivas de carácter previo y que no necesariamente deberían ser bloqueadas políticamente. Por un lado, apuestan por introducir un fondo transitorio de compensación para las cuatro comunidades que están por debajo de la media en términos de financiación: Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Sus respectivos presidentes autonómicos han sellado una alianza para exigir su aprobación, algo que se ve con recelos en el resto de territorios, más allá de las siglas partidistas.

Además, los expertos piden revisar sistema de retenciones y entregas a cuenta para que así las posibles subidas o bajadas de los impuestos autonómicos –y en especial las del tramo autonómico del IRPF– se trasladen inmediatamente a los contribuyentes y a las comunidades, en lugar de a dos años vista. También quieren mejorar el cálculo de la recaudación normativa de los tributos cedidos tradicionales y regular con claridad las escalas de referencia que se utilizan para el cálculo de la recaudación normativa de todos los tributos cedidos.

Para los expertos de Fedea y del CGE, una de las grandes asignaturas pendientes del sistema es la responsabilidad fiscal. En este sentido, aunque consideran que la valoración de las herramientas tributarias de las que disponen las comunidades es positiva en general –con una autonomía más amplia que en otros países descentralizados–, también creen que sería conveniente actualizarlas para adecuarlas mejor a las competencias que deben prestar.

A este respecto, apuestan por una armonización de las bases liquidables de los tributos cedidos, lo que permitiría reducir los costes de cumplimiento y hacer al sistema más transparente. No obstante, no son partidarios en general de establecer límites mínimos o máximos en los tipos impositivos, aunque en el caso de Sucesiones podría tener sentido fijar un mínimo reducido para evitar la desaparición del impuesto. Así mismo, estiman que se podría dar a las autonomías más capacidad normativa sobre tasas y copagos.

Condonación de deuda y cupo catalán

Las contrapartidas económicas planteadas por los partidos independentistas al Gobierno central a cambio de su apoyo a Pedro Sánchez también han sido objeto de debate. Por un lado, los expertos avalan la condonación de la deuda autonómica, siempre y cuando sea “parcial, condicionada y asimétrica”, ha apuntado Martínez-López. Ha explicado que es la única forma de que las comunidades puedan salir a financiarse al mercado en condiciones aceptables sin perder de vista el “riesgo moral” para no fomentar la “tentación de seguir comportándote de forma irresponsable”.

José María Durán, profesor de la Universidad de Barcelona, director del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) e investigador del Servicio de Estudios del CGE, coincide en el análisis. “Hay que buscar una solución, que sea objetiva, transparente, con criterios razonables y que esté condicionada”, ha señalado tras asumir que “buena parte del volumen de deuda viene de una situación excepcional”, lo que justifica que se corrija de alguna forma.

En cambio, la opinión compartida durante el debate ha sido la de rechazar la propuesta de un cupo catalán, por el cual la Generalitat pasaría a gestionar el 100% de los impuestos, a cambio de una aportación solidaria al resto del país que sería temporal y condicionada. “Nos cargaríamos el Estado”, que pasaría a “vivir de la caridad de los territorios”, ha advertido De la Fuente.

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