Nuevo Estatuto del Becario
Las fundaciones Universidad-Empresa denuncian que más de un millón de estudiantes podrían quedarse sin prácticas
Si entra en vigor el nuevo Estatuto del Becario anunciado por el Ministerio de Trabajo, los centros no podrían cumplir su plan de estudios, aducen.
Más de 1.150.000 estudiantes universitarios y de formación profesional (650.000 de la Universidad y 500.000) se podrían quedar sin poder realizar prácticas y no podrán finalizar sus estudios si entrara en vigor el Estatuto del Becario, según la red de Fundaciones Universidad Empresa, una organización vinculada institucionalmente a través de sus miembros a 43 universidades españolas y más de 15.000 empresas.
Por este motivo, la red de Fundaciones Universidad-Empresa se opone frontalmente a la legislación sobre esta materia que quiere aprobar el Ministerio de Trabajo, sin el apoyo de la comunidad educativa ni de los empresarios.
Otros actores relevantes de la comunidad educativa como el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Educación, la Conferencia de Rectores, la Conferencia de Consejos Sociales y el Consejo de Estudiantes también han mostrado su rechazo al texto y lamentan que ni siquiera se haya podido debatir.
El Gobierno y los sindicatos CC.OO. y UGT ultiman un principio de acuerdo para aprobar el Estatuto del Becario, un pacto al que no se ha sumado la patronal CEOE-Cepyme, que rechaza llegar a nuevos acuerdos por la disolución de las Cortes tras el adelanto electoral. Con esta regulación, este colectivo comenzará a cotizar a la Seguridad Social desde este mes de octubre.
La aprobación de esta regulación busca acabar con el fraude detrás de prácticas y becas, especialmente en las extracurriculares (las que no están ligadas a ninguna formación reglada), uno de los principales puntos de escollo para el acuerdo.
Pero, según la red de Fundaciones Universidad-Empresa, de aprobarse la normativa anunciada por el Ministerio de Trabajo, 83 Universidades y 3.823 centros de formación profesional no podrán cumplir con su plan de estudios.
La red considera que es un error legislar ‘in extremis’, sin consenso, y sin haber escuchado a la comunidad educativa, a la que no se ha permitido formar parte del diseño de una normativa académica de carácter puramente formativo
Además, la red de Fundaciones Universidad Empresa recuerda que el 65% de las prácticas afectadas por el Estatuto del becario se realizan en las Administraciones Públicas y no en las empresas. Será, por tanto, una legislación inaplicable, como lo es ya la legislación sobre cotización de los becarios a la Seguridad Social, que ha visto cómo las universidades, el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Educación están pidiendo una moratoria por la imposibilidad de ponerla en marcha. Desde los propios Ministerios ya se han puesto en contacto con las universidades para comunicarles que, si ellas no se hacen cargo del pago a la Seguridad Social y de la gestión de la misma, no acogerán estudiantes en prácticas. Es el caso, por ejemplo, del Ministerio de Exteriores.
La red de Fundaciones Universidad-Empresa entiende que, en nuestro ordenamiento, la regulación de las prácticas externas de los estudiantes de formación profesional y las de los estudiantes universitarios ha sido abordada en diferentes ocasiones, por diferentes normas y con diferentes denominaciones. Pero siempre ha sido diseñado desde el ámbito de la formación, nunca desde el ámbito laboral.
Las prácticas que se realizan en empresas, instituciones, en los propios centros formativos o en entidades públicas y privadas, en el ámbito nacional o internacional, contribuyen a la formación integral del estudiantado y son una actividad exclusivamente académica de carácter formativo.
La red de Fundaciones Universidad Empresa recuerda también que con la nueva normativa que pretende aprobar el ministerio de Trabajo no se resuelve el problema de la escasez de oferta de prácticas formativas, ya que el sistema educativo no cuenta con un número suficiente de prácticas externas formativas y de calidad para dar respuesta a la demanda que realizan las universidades y la formación profesional.
De hecho, hay dificultades para encontrar prácticas externas formativas y de calidad y, por ello, es imprescindible incrementar el número de entidades colaboradoras (Administraciones Públicas, empresas y entidades del tercer sector) que estén dispuestas a ofertar prácticas externas donde su colaboración es crítica.
