Los funcionarios de Justicia mantienen la huelga pese al adelanto electoral
La convocatoria adelantada de elecciones anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado a punto de trastocar los planes de los funcionarios de la Administración de Justicia, en huelga indefinida desde el pasado 22 de mayo.
Ante la inesperada decisión, que supone la disolución de las Cortes generales y, por ende, la paralización del proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), cuya negociación es una de las reivindicaciones de los huelguistas, los sindicatos optaron por reunirse para sopesar si suspendían o no los paros. Finalmente, han acordado continuar con la huelga, ya que entienden que el actual Ejecutivo sigue teniendo la potestad de negociar y no hay impedimento legal.
"No estamos ante un gobierno en funciones sino ante uno plenamente activo que, sin duda, va a seguir trabajando con normalidad y proponiendo iniciativas en las próximas semanas. El gobierno mantiene todas sus competencias y no estará en funciones hasta el día después de las elecciones del 23 de julio", señalaron en un comunicado.
Por esa razón, exigen al Ministerio de Justicia, dirigido por Pilar Llop, que "no utilice el anuncio" de la convocatoria para "escabullirse de su responsabilidad" con los 45.000 funcionarios y con la ciudadanía. Además, reclaman al presidente del Gobierno que "intervenga en el conflicto" y "obligue" a las respectivas ministras implicadas en el conflicto a sentarse a negociar. Incluso hoy pedirán a Pilar Llop que se convoque una reunión con un "calendario de negociación" que permita una solución a un conflicto "que está afectando a millones de ciudadanos y profesionales de la Justicia".
Por su parte, fuentes del Ministerio de Justicia han asegurado a EFE que tenían previsto reunirse con ellos durante esta semana, una vez pasados los comicios autonómicos y locales, pero ante el nuevo escenario su "idea" cambia.
Los Letrados de la Administración de Justicia piden garantías
Por su parte, los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que alcanzaron un acuerdo de subida de sueldo de entre 430 y 450 euros al mes tras dos meses de huelga, han pedido una "reunión urgente" con Justicia para garantizar que se cumpla.
El Colegio Nacional y la Unión Progresista de LAJ (UPSJ) consideran que las gestiones sobre las retribuciones "no deberían ver retrasada su aprobación definitiva por cuanto su tramitación no requiere de la intervención de las Cortes. Añadieron que estarán "atentos al cumplimiento de todo lo acordado" que, señalaron, "debe verse reflejado en la nómina de julio".
