Trabajadores de los centros de menores de Aragón se movilizan por un convenio autonómico que mejore sus condiciones
El sindicato CGT ha convocado este jueves protestas en la calle tanto en Zaragoza como en Teruel.
Trabajadores de los centros de protección y reforma de menores de Aragón han salido este jueves a la calle en Zaragoza y Teruel, convocados por el sindicato CGT, para exigir un convenio autonómico que mejore sus condiciones laborales, una reivindicación por la que vienen luchando desde 2019. Este colectivo de profesionales, que suman alrededor de medio millar en la Comunidad, están contratados por las entidades que gestionan estos servicios del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en la Comunidad, entre las que se encuentran Faim, Ozanam, Samu, YMCA, Kairós y Aldeas Infantiles, entre otras.
En la Comunidad aragonesa no hay ninguna patronal propiamente dicha del sector, que sí existe en el ámbito estatal, lo que dificulta una posible negociación, ha explicado el portavoz de CGT, Héctor García. "De 2019 a aquí nos hemos reunido con algunos gerentes de manera informal, pero no se quieren reunir de manera formal porque dicen que el Gobierno aragonés no garantiza que vaya a pagar lo que salga de ese convenio. Sin embargo, desde la DGA nos aseguran que lo que se firme se respetará", ha señalado. El primer paso debería ser la conformación de una patronal.
Los salarios bajos llevan congelados desde hace años y las horas laborales anuales, sueldo base y pluses son distintos dependiendo de la comunidad autónoma. García pone el ejemplo de que en la Comunidad de Valencia, que cuenta con su propio convenio, la jornada anual es de 1.460 horas mientras en Aragón se eleva a 1.728 horas. En cuanto a los salarios critica que "los educadores que están siendo contratados ahora cobran lo mismo que en 1.996, no llegan a los 1.200 euros mensuales".
Estas diferencias entre territorios provoca también la fuga de profesionales a otras regiones y "durante el periodo de vacaciones, sobre todo, es cada vez más complicado que se puedan cubrir plazas", ha señalado este portavoz. Otra realidad, ha comentado, es que los jóvenes que acceden a un puesto lo usan como trampolín para alcanzar otros empleos mejor remunerados.
Una deserción a la que contribuye también que se trata de una labor que entraña dificultades "que no es reconocida", ha asegurado Héctor García, que ha recordado que durante la pandemia eran considerados "trabajadores esenciales". CGT espera que a esta demanda por un convenio autonómico se sume UGT, que ya estuvo cuando se comenzó a reclamar, y también Comisiones Obreras.
