El Gobierno de Aragón llevará a la Fiscalía la polémica subvención de 492.000 euros que concedió el Ayuntamiento de Zaragoza para la instalación de toldos en la calle Delicias. Tras advertir de posibles irregularidades, tanto en el importe de la ayuda como en su tramitación, el Ejecutivo autonómico requirió al Consistorio unas explicaciones que, lejos de aclarar el proceso, “han agravado las dudas generadas”, según han informado desde el Pignatelli, donde aprecian "indicios de delito".

El Consistorio zaragozano, como parte de las actuaciones contempladas en su Plan Local de Comercio, adjudicó una subvención de casi medio millón de euros para la instalación de toldos en la calle Delicias con los que dar sombra a vecinos y clientes de la zona. La cuantía se otorgó a la asociación de comerciantes del barrio, que a su vez subcontrató los trabajos a la empresa Carpas Zaragoza S.L. El proyecto fue polémico. La oposición municipal cargó contra el elevado coste de la iniciativa y su escasa eficacia, dada la forma y distribución de las lonas.

La DGA aprecia ahora “numerosos indicios de delito”. Por un lado, advierte que el precio pagado fue “seis veces superior al precio de mercado y trece veces mayor que el que presupuestó la misma empresa adjudicataria en otra actuación similar”. Además, denuncia que el gobierno municipal PP-Cs “no realizó un estudio previo para determinar el importe de la subvención, como está obligado por ley” y que en todo el proceso “hubo una nula concurrencia competitiva”, puesto que fue dirigida únicamente a asociaciones comerciales de la ciudad, con un valoración extra de 15 puntos para la de Delicias.

Pero el Ejecutivo autonómico va más allá. “En las consultas a ingenierías especializadas para determinar a qué cantidad podía ascender la subvención, dos de los presupuestos aportados son idénticos a los presentados posteriormente por el beneficiario y en un tercero es también idéntico salvo una diferencia poco significativa”, aseguran. Y añaden que “una de estas compañías consultadas, de hecho, es la misma que luego resultó beneficiaria” y que “se pidió presupuesto a la adjudicataria, Carpas Zaragoza, antes incluso de concederse la subvención”.

La DGA llega a advertir de que “fue el propio Servicio de Mercados y Promoción del Comercio del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene al frente a la consejera Carmen Herrarte, el que sugirió a la agrupación de comerciantes que contratase a Carpas Zaragoza”. Y finalmente, que “no consta autorización por parte del Consistorio para subcontratar los trabajos y tampoco consta contrato del beneficiario con FECOM, como exige la ley”.

Por todo ello, la DGA explica que “en defensa de la legalidad vigente y del patrimonio de todos los zaragozanos” trasladará a la Fiscalía Provincial de Zaragoza la documentación que obra en su poder, para que “dirima las responsabilidades penales que se puedan derivar del procedimiento”.

"Desesperación electoral"

En cambio, desde el Consistorio achacan la decisión de la DGA a la "desesperación electoral" de cara a la cita con las urnas del domingo y a un "intento de crear una cortina de humo" ante las posibles "irregularidades" denunciadas por el PP en la gestión de los permisos de renovables.

"Lambán ha sido un presidente autonómico que sistemáticamente ha intentado boicotear sin éxito los proyectos de la ciudad de Zaragoza utilizando argumentos jurídicos sin fundamento", han criticado desde el equipo de gobierno de Jorge Azcón. 

En cuanto al expediente en cuestión, el PP descarta cualquier tipo de duda. "El expediente al que hace referencia el PSOE cuenta con todos los informes de legalidad y de la asesoría jurídica, como ya han podido comprobar en la DGA", aseguran fuentes municipales.