La tramitación de las renovables enfrenta al PP y a la DGA y se amenazan con acudir a la Justicia
Vaquero denuncia irregularidades y purga de funcionarios en el Inaga y el cuatripartito exige que lo pruebe porque de lo contrario irá a los tribunales.
La tramitación de los centenares de expedientes de energía renovable se ha convertido en polémica a las puertas de la campaña electoral. Solo un día después de que la DGA hiciera público que estudia llevar a la Fiscalía la subvención de los toldos de Delicias que otorgó el Ayuntamiento de Zaragoza, el PP ha respondido con la misma moneda, para lo que ha puesto en cuestión la gestión del Inaga en los proyectos solares y fotovoltaicos.
La portavoz popular en las Cortes, Mar Vaquero, ha apuntado a "una praxis irregular y anómala" en la concesión de las declaraciones de impacto ambiental del Inaga de las renovables. Además, denunció la "purga de funcionarios" en este organismo por "negarse a participar" de estos procedimientos, lo que le ha llevado a urgir explicaciones al presidente, Javier Lambán. De no darlas, ha dicho, "el PP no descarta acudir a la Fiscalía".
El Ejecutivo autonómico no se ha quedado atrás, ha defendido su gestión y ha instado a los populares a "demostrar con pruebas" sus graves acusaciones porque, de lo contrario, irán a los tribunales. Ni en un caso ni en otro han aclarado el alcance de las medidas legales a las que aluden.
Las acusaciones del PP están relacionadas con declaraciones de impacto ambiental "sin ningún tipo de informe técnico". Y ha aludido a los expedientes con el código 500806, el asignado a los proyectos de renovables, indiferentemente de la empresa que los impulsa. "Hoy le preguntamos a Lambán, ¿cuáles son esos expedientes 500806, de dónde vienen y es cierto que algunos llegan ya informados con un borrador desde fuera del Inaga?", se ha preguntado sin especificar.
Del mismo modo, ha cuestionado la priorización de los expedientes de renovables y a empresas concretas, cuyos nombres no ha dado, frente al resto de asuntos que tramita el órgano ambiental. Y todo ello lo ha puesto en relación con el "colapso" que, ha asegurado, sufre el Inaga, "con más de 5.000 expedientes atascados, más de 3.300 fuera de plazo y que son proyectos de empleo que acaban en fracaso por no ser tramitados a tiempo".
Por último, ha aludido a la citada "purga de funcionarios de reconocido prestigio" por no querer participar supuestamente en una "praxis irregular y anómala", cuyos puestos, ha dicho, se han cubierto con interinos. Los ceses afectan a las jefaturas de dos áreas técnicas que firmó el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, el pasado 19 de abril.
Por su parte, el Ejecutivo autonómico ha salido en defensa de la gestión del Inaga al asegurar que cumple "con rigor toda la normativa de aplicación vigente" y resuelve entre 13.000 y 14.000 expedientes al año. "De los 3.300 que dicen que están fuera de plazo, 2.000 son trámites administrativos que no impiden seguir con la actividad profesional de sus solicitantes", han sostenido.
Sobre el citado "código 500806", el correspondiente a los expedientes de renovables, han vuelto a incidir en que para atender el aluvión fue necesario contratar la asistencia técnica de cuatro empresas privadas y la de Sarga, "de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público".
Esta medida se adoptó ante la acumulación de centenares de proyectos eólicos y fotovoltaicos en el Inaga con el derecho de acceso y conexión concedido por Red Eléctrica con antelación a 2020, a los que el plazo para lograr la declaración ambiental expiraba el pasado 25 de enero.
De hecho, se constituyó un equipo específico en junio del año pasado y se supervisaron en siete meses 430 de los 532 proyectos solares que se han tramitado en toda la legislatura, así como 124 de los 140 eólicos. Es decir, el 81,8% del total.
Y sobre los ceses calificados por el PP de "purga", han argumentado que "simplemente se ha producido una reorganización necesaria para la diligencia del organismo medioambiental". Además, han recordaron las jefaturas son de libre designación y negaron que se vayan a cubrir con interinos, dado que hay abierto un proceso para cubrir estas plazas en comisión de servicios con "funcionarios de carrera".
