El largo y pedregoso camino hacia el empleo

Según se recoge en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, "toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo". Pero este derecho se convierte en una gran odisea dentro del colectivo de personas con discapacidad, a tenor de los últimos informes que se han dado a conocer con motivo del 1º de mayo y que reflejan que la tasa de empleo de las personas con discapacidad en España está casi 40 puntos por debajo de la población general, puesto que se sitúa en el 26,9% y en el 66,3%, respectivamente. Además, el paro dentro de este colectivo es casi 8 puntos mayor que la media nacional, dado que asciende al 22,5% frente al 14,7% de las personas sin discapacidad.

Son los últimos datos dados a conocer esta semana con motivo de la presentación del Informe 8 Odismet, el estudio que cada año elabora la Fundación ONCE sobre la situación de empleo de las personas con discapacidad en España.

Aunque es cierto que, en los últimos años, y gracias al esfuerzo de muchos, la situación de las personas con discapacidad ha ido cambiando a mejor, tanto en el plano personal como en el profesional, todavía quedan muchas cosas por hacer.

En este sentido, Marta Valencia, presidenta de Fundación Dfa asegura que "según los datos de nuestra agencia de colocación, en 2022 hubo un aumento en la contratación de personas con discapacidad del 3%. Es un dato positivo porque con la pandemia hubo una eliminación de puestos de trabajo de personas con discapacidad muy importante. Buscamos una concienciación y que las personas con discapacidad trabajen, porque el trabajo es la autonomía personal para poder llevar una vida propia", indica mientras recuerda que «todavía hay mucho abandono de estudios y falta mucha formación en las personas con discapacidad para optar a puestos más cualificados».

De hecho, el coordinador del Informe 8 Odismet, Luis Enrique Quifez, reveló, en la presentación, que la contratación del colectivo "viene marcada por condiciones precarias e inestables", dado que de los contratos realizados el 88,5% tuvieron carácter temporal, el 39,3% fueron para mujeres y el 7,8%, para jóvenes de entre 16 y 24 años.

Cuota de reserva

Por otro lado, el 60% de los trabajadores en España (con y sin discapacidad) desarrollan su actividad laboral en empresas que no cumplen la cuota de reserva legal contemplada para este colectivo, que establece que hay un 2% de trabajadores con discapacidad en empresas con plantillas de 50 o más trabajadores.

Y dentro del mundo de la discapacidad, la intelectual es la más afectada en materia laboral. De hecho, según el último informe sobre empleo presentado recientemente por Down España, sólo el 21% de estas personas trabaja en España, y menos del 2% lo hace en empresas ordinarias.

Irene Escobero, trabajadora social y técnica de inserción sociolaboral en Plena inclusión Aragón de Plena inclusión Aragón , considera que "las medidas que se han ido adoptando con el paso de los años necesitan de una revisión y adaptación al mercado laboral actual. Las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo tienen acceso, tanto al empleo protegido como al mercado de trabajo ordinario, pero, se requieren de más medidas que fomenten el acceso de estas personas a las empresas ordinarias, pudiendo optar a puestos de empleo estables y que respondan a sus habilidades y capacidades, así como a los perfiles vocacionales y formativos de estas personas, pues, en muchas ocasiones, se ven relegados a los mismos sectores de producción".

Para lograrlo Escobero, cree que "es fundamental que se dote de los medios necesarios a todos los centros y recursos que configuren el empleo protegido como vía de inserción laboral y paso intermedio hacia el mercado de trabajo ordinario".

Centros especiales

En la actualidad, Aragón cuenta con 71 centros especiales de empleo en funcionamiento, que ocupan a más de 3.300 personas con discapacidad. Este año, el Gobierno de Aragón ha destinado ocho millones de euros para estos centros, pero la actuación más importante llevada a cabo es el nuevo programa de ayudas puesto en marcha por el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) para fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad en estos centros. Una actuación que apuesta por la simplificación y automatización administrativa y por la supresión de mecanismos de justificación documental que, en algunos casos, complicaban su gestión.