Sucesos
El dueño de un bar de Zaragoza denuncia a la SGAE por presuntas amenazas
La sociedad general de autores le embargó sin notificarle nada y ahora le exige el pago de 1.056 euros
El dueño de un bar de la plaza de San Pedro Nolasco de Zaragoza ha denunciado a la Sociedad General de Autores de España (SGAE) por presuntas amenazas e intimidación. La decisión la ha tomado después de que un juez declarara la nulidad de una reclamación que la SGAE hizo en 2015 y, a pesar de ello, a los pocos días de la decisión del Juzgado, le han exigido el pago de 1.056 euros si quería «evitar la reclamación judicial».
El hostelero, tal y como relata en la denuncia presentada en la comisaría de centro, ha estado siete años inmerso en un procedimiento sin ser consciente de ello porque nunca le fue notificado, ni siquiera por edicto.
El hombre se enteró de lo que sucedía después de que solicitara a su abogada, Elisa Cardona, que averiguara por qué un juzgado le estaba haciendo embargos de la devolución de la declaración de la renta, puesto no tenía ningún asunto pendiente ni nadie le había notificado nada.
Las gestiones sirvieron para descubrir que, efectivamente, había un procedimiento de ejecución en el Juzgado Mercantil número 1 de Zaragoza, iniciado en 2015, instado por la SGAE.
A partir de ahí la letrada se personó en el procedimiento y solicitó la nulidad de actuaciones por falta de notificación, ya que el interesado no había podido defenderse ni alegar nada respecto de la reclamación. Además, pidió al juzgado que le devolvieran las cantidades embargadas a lo largo de estos siete años.
El juzgado les dio la razón y reconoció que, la SGAE, tras haber hecho un único intento de comunicación, no haber intentado averiguar otro domicilio del afectado o ni siquiera haber notificado mediante edicto, siguió adelante con el procedimiento de ejecución y embargo. El magistrado, en un auto del 16 de febrero, ordenó retrotraer todas las actuaciones hasta el momento inicial (que ahora habría prescrito) y declaraba nulo todo lo actuado por no haberse garantizado el derecho de defensa.
Una semana después, el hostelero pidió la devolución de las cantidades embargadas –cuya cuantía desconoce– sin su consentimiento. Pero la respuesta ha sido un SMS pidiéndole dinero. "La SGAE pretende, por un lado, quedarse con lo que me ha embargado y, por otro, cobrarme esos 1.056 euros intimidándome y coaccionándome y sin haber llevado a cabo notificación alguna referida a esa cantidad", expone en su denuncia.
