La nueva ley de bienestar animal europea vetaría el transporte de animales vivos
José Manuel Roche, representante internacional de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y secretario general de la organización en Aragón, muestra en Bruselas su oposición a una norma que pondría en riesgo el sector del porcino en España.
El representante internacional de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), José Manuel Roche, también secretario general de la organización en Aragón, ha mostrado este jueves en Bruselas su disconformidad sobre algunas de las medidas de bienestar animal que propone la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) a la Comisión Europea, y que previsiblemente serán aprobadas a finales del tercer trimestre del 2023. Roche ha manifestado sus dudas sobre el transporte de animales vivos, el uso de jaulas o la reducción de animales en las granjas, en su intervención en el Comité Económico y Social Europeo.
Tal y como han explicado en una nota de prensa, UPA ha mostrado su "rechazo total" a cualquier medida destinada a prohibir el transporte de animales. Roche argumenta que en España, debido a su localización periférica y a sus particularidades climatológicas, se vería afectado de manera "muy negativa" en términos de exportación si se prohibiera el traslado de animales vivos a otros países.
Esta legislación tendría un "impacto brutal" en el sector del porcino, dada a la importancia y el peso socioeconómico que tiene la producción de esta especie en Aragón. En este sentido, Roche subraya las diferencias que existen entre países de Sudamérica y Europa en legislación sobre bienestar animal, y las graves implicaciones que la entrada en vigor de las medidas que propone la EFSA podrían tener sobre Mercosur, teniendo en cuenta además que “dejarían una puerta abierta a prácticas de competencia desleal con terceros países” apunta José Manuel Roche.
Otra medida que han destacado es la propuesta de reducir la densidad de población animal en las granjas de pollos de engorde convencionales a un máximo de 11 kilos por metro cuadrado. De aplicarse, la UE pediría a los productores de aves de corral convencionales que realizasen importantes inversiones en las granjas, mientras que el número de aves en un establo tendrá que reducirse en un 72%.
En el dictamen de la EFSA se hacen recomendaciones similares para las gallinas ponedoras. En este sentido, la UPA denuncia que “el dictamen de la EFSA contiene unas conclusiones sin precedentes que, de aplicarse en estos términos, conducirían simplemente a la pérdida de la mayor parte del sector avícola europeo, carne y huevos combinados”.
Advierten de que esto se haría extensivo al resto de especies ya que esta y otras propuestas obligarían a los ganaderos a realizar elevadas inversiones, sin tener en cuenta los préstamos contraídos para cumplir las normas establecidas antes de 2012, de los que aún no se han recuperado totalmente. La aplicación de propuestas tan extremas tendría como consecuencia el cierre de pequeñas y medianas empresas en las zonas rurales, la pérdida de competitividad y el aumento de las importaciones, además de repercutir de manera negativa en el consumidor final debido al consecuente aumento masivo del precio de la carne.
Por otra parte, UPA Aragón critica que el dictamen “carece de una explicación de las estrategias y programas de cría actuales. No se reconoce plenamente el potencial de la cría equilibrada y la genética para un bienestar positivo y mejor, y se centra sobre todo en medidas de gestión para buscar una solución rápida, pero no realista, a los problemas de bienestar”.
LA UPA considera que debería reconocerse en mayor medida el trabajo realizado hasta ahora por los criadores, los productores y la industria avícola, y apunta que “echa en falta estudios científicos recientes que respalden este tipo de mejoras que ya están en funcionamiento en el sector ganadero”.
La organización agraria reconoce que desde la EFSA no han podido abordar otros campos distintos al del bienestar animal como, por ejemplo, “ponderar el impacto socioeconómico que tendrán estas recomendaciones, ni los aspectos de sostenibilidad que estaban fuera del ámbito enmarcado en la petición de la Comisión Europea”.
