Unanimidad en las Cortes de Aragón para apoyar a las víctimas del terrorismo

Unanimidad en las Cortes de Aragón para reformar la protección de las víctimas del terrorismo. En un debate de guante blanco,  a excepción de las pullas a quienes "blanquean a terroristas considerándolos socios políticos" lanzadas por el diputado de Vox, David Arranz, los ocho grupos con representación en el Parlamento aragonés han sacado adelante, por el procedimiento de lectura única, el proyecto de ley de modificación de la Ley 4/2008, de 27 de junio, de Medidas a favor de las Víctimas del Terrorismo.

Con la representante de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Lucía Ruiz, desde la tribuna, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha defendido el proyecto. "La memoria de las víctimas del terrorismo constituye la garantía última de que la sociedad aragonesa y las instituciones no vamos a olvidar a quienes sufrieron la lacra del terrorismo", ha asegurado, y ha defendido la importancia de un reconocimiento social que se supone "un acto de justicia con las víctimas y un instrumento de educación en valores democráticos, algo relevante para nuestros jóvenes". 

Una veintena de muertos y 200 heridos graves es el trágico balance que deja el terrorismo en Aragón. Aunque el apoyo a las víctimas se ha mantenido inalterable pese al paso del tiempo, son demasiados los adolescentes que reconocen que no saben ni qué es el terrorismo ni el daño que durante décadas causó. Para enmendarlo se cursó esta reforma de la ley, con la que aumentará el reconocimiento social a las víctimas y se difundirá en las aulas su historia para deslegitimar el terrorismo e impedir que quienes lo justifican impongan su relato. También equipara las ayudas por daños físicos y psíquicos y da prioridad a las víctimas del terrorismo en el acceso a la Formación Profesional para el empleo. 

Aragón fue la cuarta autonomía, tras Madrid, Extremadura y Valencia, que completó con una norma propia el apoyo a las víctimas. Se aprobó, también por unanimidad, en las Cortes en 2008. Desde entonces, la DGA ha tramitado 183 expedientes, de los que 123 fueron estimados y obtuvieron indemnizaciones por 2,3 millones de euros. Tienen la consideración de víctimas del terrorismo quienes han sufrido un atentado en la Comunidad y los aragoneses que resultaron heridos fuera.

Tras la entrada en vigor de la ley, la DGA tiene un plazo de un año para diseñar un protocolo de actuación que establezca los mecanismos y procedimientos de coordinación con los planes de ámbito estatal para hacer frente a los riesgos asociados al terrorismo. Además, en tres meses deberá habilitar en la web del Gobierno de Aragón un apartado específico en el que estará disponible de forma sistemática y actualizada toda la información administrativa que afecte específicamente a las víctimas del terrorismo.

La nota discordante en el debate ha venido de la mano de Arranz, de Vox, al politizar el discurso, a pesar de votar a favor. Así, ha asegurado que no olvidarán los 400 atentados sin resolver ni a las víctimas, y tampoco a "todos los que han colaborado para blanquear a los terroristas, y considerarles socios políticos". Ni a los que "posibilitan acercamientos, excarcelaciones y privilegios de terroristas a cambio de votos”. “Y no nos vamos a olvidar de los que han permitido un descontrol absoluto de nuestras fronteras donde penetran yihadistas o que consienten la presencia de imanes islamistas fundamentalistas en mezquitas en suelo español”, ha zanjado.

Fernando Ledesma, del PP, ha criticado que la fórmula elegida para su aprobación haya sido el procedimiento de la lectura única. "Así es muy difícil hacer un trabajo de fondo y que las Cortes puedan aportar sus reflexiones", ha reprochado. Y como Beatriz García, de Cs, ha criticado a la DGA por una partida de 100.000 euros para víctimas del terrorismo que, al final, ha ido a "pagar la factura del Salud". 

No se ha aceptado ni una sola de las enmiendas que ha presentado el PP, aunque Ledesma ha asegura que en algunas el contenido era similar a las de Cs. "Es una reforma que se queda corta y que tendrá que ser reforzada en la próxima legislatura", ha destacado.