El Justicia de Aragón pide más agentes de la Guardia Civil y una "reorganización" de los 122 puestos
Un informe de la institución alerta de la "sensación de inseguridad" en el medio rural que arroja una mayor tasa de delitos.
"Además de vivir bien y con servicios hay que vivir con seguridad". Esta es una de las afirmaciones que el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, utilizó este miércoles para presentar el informe especial de la institución que alerta de la "sensación de inseguridad" que se vive en el medio rural y ante la que piden soluciones.
Además del aumento de agentes de la Guardia Civil, propone que se estudie la "reducción" y "reorganización" de los actuales 122 puestos de la Benemérita y que los grupos Roca para robos en el campo (hay nueve con 36 agentes) se nutran con plazas de nueva creación y no detrayendo a los profesionales de otras unidades. La falta de efectivos también afecta a la Policía Local, principalmente por el éxodo de profesionales a ciudades más grandes, sobre todo a Zaragoza, y ante la que demanda una convocatoria única de oposiciones para toda la Comunidad.
Este estudio analiza las tasas de delincuencia de todos los municipios y constata que en 2021 hubo 164 que se situaban por encima de las de sus respectivas capitales de provincia: 77 en la provincia turolense, 60 en la zaragozana y 27 en la altoaragonesa.
La tasa delictiva en Aragón ese año, de 31,7 delitos por mil habitantes, la superaron 135 localidades. De los municipios de entre 10.000 y 20.000 residentes fueron los casos de Fraga, con 38,43; y Ejea de los Caballeros, con 32,81. De las poblaciones de 5.000 a 10.000 vecinos las mayores tasas de delincuencia las arrojaron La Almunia de Doña Godina, con 41,21; Tauste, con 40,28; y La Muela, con 34,45. Si la lupa se pone en los núcleos entre 1.000 y 5.000 habitantes, el ranquin lo encabezan Alhama de Aragón, con 45,91; Ricla, con 41,75; y Cariñena, con 40,65.
Estas y otras cifras, señaló David Acín, asesor de Interior del Justicia y uno de los autores de la investigación, "no existen" más allá de las juntas locales de seguridad, ya que las que publica el Ministerio del Interior solo se refieren a los municipios que superan los 20.000 habitantes, es decir, las tres capitales de provincia.
Facilitar la interposición de denuncias
No se ha llegado a valorar si la presencia de agentes funciona como un elemento disuasorio, ya que no se ha podido contar con el catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil al tratarse de una información sensible. Lo que sí se desprende de los datos es que los municipios que cuentan con Policía Nacional, únicamente Catalayud y Jaca, y Policía Local arrojan una tasa delictiva más baja.
Según los datos que maneja el informe, en 2021 se presentaron 13.020 denuncias en el Aragón rural, de las que el 67% fueron contra el patrimonio y el orden socioeconómico, principalmente hurtos y robos. En un 10% se trató de delitos contra las personas, en un 9% contra la libertad y en un 6% contra la seguridad colectiva. Las explotaciones agrícolas y ganaderas son uno de los objetivos habituales de los cacos.
Facilitar la interposición de denuncias es otra de las necesidades que pone de manifiesto el dosier del Justicia. Óscar Muñoz, intendente de la Policía Local de Ejea y profesor tutor de Derecho Constitucional en la UNED, abogó por posibilitar que las propias patrullas que acuden al lugar de los hechos puedan recoger allí mismo la denuncia y transmitirla, evitando que haya que desplazarse a alguna oficina o incluso pedir cita previa.
La "reorganización" de los 122 puestos de la Guardia Civil no es una idea nueva. Genera "rechazo", reconoció Acín, en aquellos pueblos que los perderían. Los hay que solo abren unas pocas horas o días determinados por falta de efectivos. Algunos son limítrofes, lo que supone, concluye el informe, una merma de efectivos que se dedican a "servicios de puertas, autoprotección y tareas burocráticas" en lugar de patrullar.
Muñoz señaló que el planteamiento pasaría por "agrupar" y "centralizar" varios en una localidad desde la que se garantizase un tiempo de respuesta "de menos de diez minutos" a una llamada de emergencia desde cualquier punto de su zona de cobertura.
Convocatoria única para la Local
Sobre la situación de la Policía Local, el informe recoge que hay 32 cuerpos (sin incluir los de las capitales). Solo el 37,5% tienen servicio las 24 horas. Recientemente lo ha recuperado Alcorisa, con un profesional; y el de Épila está en proceso de creación. En los últimos años hasta cinco municipios, Escatrón, Illueca, Sallent de Gállego, Tamarite de Litera y Utrillas, han dejado de prestar el servicio al no disponer de personal. Los motivos de esta pérdida son el traslado de movilidad que recoge la ley de coordinación autonómica o por haber aprobado la oposición en otro sitio.
El Justicia, al igual que han hecho los municipios de más de 8.000 habitantes, propone una convocatoria única para todo Aragón que evitaría las renuncias durante el periodo de formación al salir todas de forma simultánea. También plantea promover la figura del interino, a la que no se recurre, las comisiones de servicio para atender situaciones urgentes y las agrupaciones entre entidades locales limítrofes para la prestación conjunta del servicio. La instalación de sistemas de videovigilancia en los accesos de los pueblos es otra de las recomendaciones.
