educación

El tribunal anula la reducción del horario de comedor del colegio Cesáreo Alierta de Zaragoza

El centro aprobó a final de curso reducir una hora el periodo intersesiones, pero la medida fue llevada a los juzgados por algunas familias, a las que finalmente han dado la razón. 

Imagen de archivo de una de las zonas del patio del colegio Cesáreo Alierta de Zaragoza.
Imagen de archivo de una de las zonas del patio del colegio Cesáreo Alierta de Zaragoza.
Guillermo Mestre

La sentencia emitida esta semana anula finalmente la modificación de horario del colegio Cesáreo Alierta de Zaragoza. Una plataforma de familias presentó a los pocos días de comenzar este curso escolar una demanda judicial para paralizar la decisión de reducir de tres a dos horas el periodo para comer entre clases y acabar estas una hora antes, a las 16.00. Una situación completamente legal, que se aprobó en el último Consejo Escolar del curso anterior, pero que consideraban se había llevado a cabo de forma "precipitada". 

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza les ha dado la razón, puesto que considera que el proceso de cambio de horario es "contrario a Derecho". Y, aunque de manera práctica nunca se llegó a modificar el horario porque se aceptaron medidas cautelares para que esto no ocurriera, tras esta sentencia el horario definitivo será de 9.00 a 12.30 y de 15.30 a 17.00. El fallo, confirmaron fuentes del Departamento de Educación, puede ser recurrido, sin embargo, todavía no se ha tomado una decisión al respecto. 

Se trata de un capítulo más en la polémica en la que se encuentran envueltos desde el pasado curso los centros educativos de la zona de Romareda, donde los cuatro públicos (César Augusto, Cesáreo Alierta, Doctor Azúa y Margarita Salas) mantienen la jornada partida después de haber llevado a votación el proyecto de innovación en varias ocasiones. Sin embargo, siempre ha decaído por el voto de las familias, ya que se exige el apoyo del 55% de todo el censo y no solo de aquellos que acuden a las urnas. 

Tras no conseguir sacar el cambio de jornada adelante, se planteó la reducción del tiempo para comer de 3 a 2 horas, lo que volvió a generar un intenso debate con opiniones encontradas. Todos, a excepción del César Augusto que apostó por abordar con más tiempo esta cuestión durante el actual curso académico, pulsaron la opinión de las familias y el resultado fue en contra de la modificación. 

En el Cesáreo Alierta,  87 familias se mostraron partidarias de reducir el horario, mientras que 203 votaron en contra. Otras 57 no llegaron a pronunciarse. Por su parte, en el Margarita Salas se registraron 187 votos en contra y 164 a favor. Y en el Doctor Azúa se contó con 312 votos en contra y solo 230 a favor. Pese a estos resultados pero siguiendo rigurosamente la normativa, el cambio se elevó al Consejo Escolar el del Cesáreo Alierta y el Margarita Salas, donde se aprobó. Y una vez llegado septiembre, el proceso fue judicializado por algunas familias. Tras la resolución notificada al Cesáreo Alierta, queda pendiente si finalmente se decide recurrir y también la posición que tomará el tribunal con el Margarita Salas. 

CSIF defiende la autonomía del Consejo Escolar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) defendió ayer la autonomía del Consejo Escolar del colegio Cesáreo Alierta de Zaragoza y la decisión que tomó este órgano en junio sobre el cambio de horario. "El Consejo Escolar es el máximo órgano de representación de la comunidad educativa según marca la ley, y en él participan profesores y representantes de las familias elegidos democráticamente. Defendemos la autonomía y la representatividad del Consejo Escolar. Lamentamos profundamente que la opinión de un grupo de familias haya prevalecido sobre la decisión del Consejo Escolar", ha afirmado Mónica de Cristóbal, responsable de Educación de CSIF Aragón.

CSIF apoya a las familias y a los docentes que votaron la reducción del periodo intersesiones y critica que en esta polémica están primando los "intereses económicos de las asociaciones de padres y de las empresas que gestionan las extraescolares". CSIF también ha acusado a la DGA de "lavarse las manos" en este proceso.

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