Miguel Gracia reclama a Javier Lambán que blinde la unión de estaciones frente a la estrategia de Podemos
El presidente de la DPH insta a la DGA a derogar el decreto de protección de Anayet al que se acoge la formación morada para bloquear el proyecto y pide el cese del director general de Medio Natural.
El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), el socialista Miguel Gracia, reclama al Gobierno de Javier Lambán que blinde la unión de estaciones frente a la estrategia de Podemos de bloquearla desde el propio cuatripartito. Con este fin, ha trasladado un escrito al consejero de Agricultura, Joaquín Olona, y a la consejera de Economía y presidenta de Aramón, Marta Gastón, para instar la derogación del decreto autonómico que protege Canal Roya, reactivado por el director general de Medio Natural, Diego Bayona, cuyo cese exige al líder socialista, al igual que ha hecho el PP. El mismo documento se lo ha remitido a éste último.
La petición del ‘barón’ del PSOE-oscense viene avalada por un informe jurídico de la DPH, solicitado por él ante las consecuencias que podría tener la decisión de Bayona, respaldada por la consejera y líder podemista Maru Díaz, sobre el proyecto de conexión Astún-Formigal que lidera la institución provincial. “La decisión de Podemos es absolutamente electoralista. Ha estado cuatro años sin decir nada”, ha manifestado a este diario, indignado ante una actuación que no considera “ni decente”.
Miguel Gracia subraya en su escrito que el Ejecutivo aragonés está obligado, para salvaguardar la seguridad jurídica, a derogar el decreto de 2006 por el que se inició la tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) Anayet-Partacua. Dicho documento especifica que no se podrá acometer ningún "uso sensible" en las 23.569 hectáreas hasta su aprobación que, en el mejor de los casos, se demorará cinco meses. Y esto paralizaría la unión de estaciones y pondría en riesgo los 26 millones de financiación europea.
El presidente de la DPH sostiene que es “el único modo” de clarificar el marco jurídico que afecta al territorio afectado -y con ello al proyecto de unión-, especialmente cuando la tramitación del PORN establece un régimen de protección cautelar que, añade, “no puede considerarse vigente sine díe”.
Gracia se apoya en el informe jurídico de la institución provincial, que contradice al redactado por los técnicos del servicio de Espacios Naturales de la DGA, que sostenía en mayo que el decreto de 2006 no ha caducado, que los valores naturales siguen vigentes y que solo otro decreto podría tumbarlo. El análisis de la DPH apunta que no está vigente, dado que la normativa de espacios protegidos otorga dos años para la tramitación del PORN y han transcurrido 17 desde entonces. “Dictar actos posteriores podrían ser considerados no ajustados a derecho”, añade.
Por todo ello, asevera a este diario que “no hay tiempo para florituras” si se quiere sacar adelante la unión de estaciones y menos para dejar resquicios a su judicialización. El convenio de colaboración para que la DPH asuma las obras está pendiente de firma y se deben ejecutar antes de finalizar 2025 para percibir los fondos europeos. “Lo que plantea Diego Bayona no es legal”, sentenció.
