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La alcaldesa de San Lorenzo del Escorial declara que la Junta de Gobierno local paró la exhumación de los Lapeña
Agrega que la licencia municipal de obra para los familiares en la basílica del Valle de los Caídos "está viva" y pueden ir a continuar la exhumación.
La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban, ha declarado este miércoles ante el juez que la paralización de la exhumación de los hermanos aragoneses Manuel y Antonio Lapeña Altabás enterrados en la basílica del Valle de los Caídos, fue adoptada por la Junta de Gobierno Local y no por ella misma.
De esta manera se ha defendido de la acusación de una querella presentada por la presidenta de la Asociación de Familiares para la Exhumación de Republicanos en el Valle de los Caídos, Silvia Navarro, y por Purificación Lapeña, que tiene a los familiares sepultados allí después de que los llevaron desde el cementerio de Calatayud por el Gobierno de Francisco Franco en 1957 sin su autorización.
La edil de El Escorial, del PP, ha aportado un informe realizado por el secretario general del Ayuntamiento el pasado 12 de diciembre en el que se incluía que la licencia de obra autorizada a los familiares de los aragoneses para la exhumación “está viva” y “no se ha suspendido”. Asimismo, la alcaldesa ha precisado que la tasa municipal del trabajo de la obra en la basílica del Valle de los Caídos “no se ha devuelto”, por lo cual se puede continuar.
El abogado de la acusación, Eduardo Ranz, manifestó a la salida de la declaración de la alcaldesa a HERALDO que esta querella “no se trata de un juicio político” sino que los familiares de los fallecidos solo quieren que “se retome la exhumación sin que haya dificutades”.
Varias familias de los enterrados en el Valle de los Caídos presentaron en el Juzgado de Instrucción número 5 de San Lorenzo del Escorial una querella a la alcaldesa por un posible delito de prevaricación al no reactivar una licencia que permitirá exhumar los cuerpos de los hermanos Lapeña, aragoneses enterrados en la basílica del Valle de los Caídos.
La declaración de la alcaldesa se ha realizado esta mañana después de la suspensión el pasado 20 de diciembre debido a que no se había adjuntado un documento a la causa.
Motivo de la querella por no reactivar la exhumación
La asociación y los familiares de los Lapeña denunciaban un posible delito de prevaricación de la alcaldesa por no reactivar la licencia de actividad municipal para que Patrimonio Nacional pudiera acometer obras para acceder a las criptas de la basílica.
En la querella alegaban que el 24 de junio de 2021 se acordó, por la Junta de Gobierno municipal, conceder la licencia, pero tras la confirmación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en este sentido, la alcaldesa dijo en el pleno municipal que no reactivaría la licencia, lo que para los denunciantes "vulnera la reparación de la víctimas" y sus derechos.
Manuel y Antonio Ramiro fueron fusilados en 1936 por los franquistas, enterrados en Calatayud (Zaragoza) y luego reinhumados sin permiso de la familia y de forma subrepticia en el Valle de los Caídos (Madrid) en 1959.
Una sentencia de 2016 de un juez de San Lorenzo de El Escorial reconoció el derecho de la familia a que los cadáveres fueran exhumados y trasladados a donde sus allegados decidieran
