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UGT y CCOO piden a Broto que reubique a los trabajadores de Tutela de Adultos

Para los sindicatos, este plan de empleo "debería constituir una gran oportunidad para dotar de más plantilla a algunos servicios cuya carga de trabajo es enorme e insostenible".

Mariví Broto, consejera de Ciudadanía de la DGA.
Mariví Broto, consejera de Ciudadanía de la DGA, en una foto de archivo.
Toni Galán

Los sindicatos CCOO y UGT han reclamado a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, Mariví Broto, que los 25 puestos de trabajo que se pretenden amortizar con la supresión del Servicio de Tutela de Adultos sean reubicados en otros servicios de su Departamento con una gran carga de trabajo.

Ambos sindicatos entienden que la Consejería "no contempla reforzar los Servicios Sociales que dependen directamente de la Comunidad Autónoma", de acuerdo con la propuesta recogida en el plan de empleo derivado de la desaparición de las secciones de tutela de adultos, y que se negocia con las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial, donde se propone que desaparezcan 25 puestos de trabajo de personal en el IASS.

Para CCOO y UGT, este plan de empleo "debería constituir una gran oportunidad para dotar de más plantilla a algunos servicios cuya carga de trabajo es enorme e insostenible", como es, dicen, el Servicio Especializado de Menores en todas sus secciones, donde "el gran número de casos en relación con la plantilla, no permite cumplir el tiempo de tramitación de los expedientes que la ley marca" u otros departamentos como el de valoración de la discapacidad, atención temprana o los Hogares de Personas Mayores dependiente del IASS.

Las organizaciones sindicales denuncian que la privatización de las secciones de tutela de adultos "no es un caso aislado" en los Servicios Sociales que gestiona el Gobierno de Aragón porque "se está infradotando de personal sistemáticamente algunos servicios" para "al cabo de unos años encontrar la solución al problema privatizando el servicio".

Para ambos sindicatos, “el incremento de necesidades de la ciudadanía debe llevar aparejada una estructura que dé respuesta al reconocimiento de sus derechos. Y lo que está haciendo el Gobierno de Aragón en la práctica es adelgazar los Servicios Sociales públicos, a los que debe tener acceso toda la ciudadanía”, concluyen.

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