El PP denuncia que el Gobierno de Lambán gasta 6,5 millones que le han sobrado de políticas sociales en "tapar agujeros"
La diputada Marian Orós reclama que se pague el bono social de 200 euros prometido por la DGA que deberá llegar a unas 17.000 personas.
El Partido Popular ha denunciado que el Gobierno de Lambán se está gastando 6,5 millones de euros que le "han sobrado" de la renta social aragonesa (la prestación complementaria al ingreso mínimo vital) y de las ayudas a la integración familiar a "tapar agujeros" en lugar de "prevenir la pobreza" y articular medidas para hogares que "por unos céntimos" no pueden acceder a algunas prestaciones y tienen problemas para llegar a fin de mes. La diputada portavoz de Ciudadanía y Derechos Sociales de los populares en las Cortes de Aragón, Marian Orós, ha criticado en rueda de prensa la "ineficacia" en la gestión del Ejecutivo autonómico en materias sociales y las "malas decisiones políticas".
Orós ha señalado que mientras "la pobreza sigue creciendo", con la "excusa" de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital (IMV) la DGA "recortó" las partidas para pobreza e integración social en 2021 más del 51% y lo ha mantenido durante el 2022 y este 2023 en lo que ha llamado "una política de desmantelación de su responsabilidad". La diputada popular ha señalado que el propio Departamento de Hacienda reconoce en un informe que está dedicando las cuantías que no ha gastado de las ayudas a la integración familiar y la prestación complementaria a "tapar agujeros".
"¿Cómo es posible que le sobre dinero para prevenir la pobreza"?, se ha pregunado Orós en voz alta. Según los datos que ha aportado, un 20% de los aragoneses se encuentran en una situación de riesgo de pobreza, alrededor de 280.000 ciudadanos, y la pobreza severa afecta a un 8,1%, lo que supone 107.000 personas.
Además, ha criticado que el Ejecutivo autonómico todavía no ha cumplido su promesa de abonar a principios de 2023 el bono de 200 euros para mitigar el efecto de la inflación en la cesta de la compra, un apoyo que deberían cobrar en torno a 17.000 personas, que es el número de perceptores del ingreso mínimo vital, la prestación complementaria aragonesa y las pensiones no contributivas.
La diputada popular ha calificado de "insuficiente" el ingreso mínimo vital articulado por el Gobierno central y de "ineficaz" la renta social aragonesa complementaria al IMV porque solo resuelven una "pequeña parte del problema" y no se llevan a cabo auténticas iniciativas encaminadas a la integración laboral y social de los colectivos en situación de vulnerabilidad. Unas carencias, ha asegurado, que la DGA "tapa" con un plan piloto y un servicio aragonés de inserción "que está en un cajón sin desarrollar".
