El sector pide en Aragón un mayor control sobre las viviendas de uso turístico ilegales

Los empresarios creen que la nueva regulación de estos pisos ayudará a frenar su proliferación si hay más inspecciones. Los hosteleros esperan competir "en igualdad de condiciones".

El Ayuntamiento de Aínsa ha puesto coto a la apertura de más viviendas turísticas
El Ayuntamiento de Aínsa ha puesto coto a la apertura de más viviendas turísticas
Verónica Lacasa

Un mayor control sobre las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales, un problema difícil de solucionar si no existe una denuncia sobre su actividad irregular ya que se trata de propiedades privadas. Es una demanda en la que coinciden los gestores de este tipo de alojamientos ya legalizados y el sector hostelero tras darse a conocer los detalles del nuevo decreto del Gobierno aragonés que los regula y que está pendiente de publicarse en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) para que entre en vigor. Desde la hostelería reclaman más inspecciones para comprobar que las VUT cumplen los requisitos que deben cumplir.

A partir de ahora, a los propietarios se les exigirá un certificado de idoneidad de la vivienda, en lugar de presentar únicamente una declaración responsable. Una novedad que es bien recibida."Creo que es positivo, todo lo que regule un sector económico y que quede bien estandarizado y normalizado va a favor del cliente", opina Daniel Lardiés, que comenzó en el negocio junto a sus dos hermanos en 2017 y ya gestiona 36 VUT en Zaragoza, además de tres establecimientos hoteleros.

En su opinión, la presentación de este certificado supondrá una"traba" a la proliferación de viviendas ilegales, aunque "frenar" su aparición"va a ser muy complicado si no se articula algún tipo de control efectivo. Explica que portales como Airbn, Booking y Expedia tienen filtros, como la obligación de incluir el número de registro oficial en los anuncios, que se pueden trampear"sin demasiada dificultad". Son los primeros perjudicados por la existencia de pisos ilegales.

Una opinión que comparte Jesús Gil, gerente de 18 Torres."Las viviendas ilegales son complicadísimas de controlar", afirma. Recuerda que en estos momentos ya están obligados a llevar un registro de sus clientes para la Policía Nacional al igual que cualquier hotel. Defiende que el perfil de la clientela de las VUT es "absolutamente diferente" al de un establecimiento hostelero tradicional."Sobre todo acuden familias con niños pequeños que necesitan más espacio que una habitación y matrimonios o amigos que quieren pasar tiempo juntos", señala.

"Liga turística en igualdad"

Más recursos para supervisar las viviendas turísticas que se quieran dar de alta a partir de ahora y articular alguna fórmula para denunciar los alojamientos ilegales. Es lo que se pide desde la Asociación Provincial de Hosteleria y Turismo de Huesca. En el territorio oscense se concentran el 62% de las VUT aragonesas, 753 de un total de 2.810.

A falta de conocer "la letra pequeña del decreto", su gerente, Pablo Villacampa, dice que"la música de lo que se ha anunciado suena bien" y cubre "las demandas del sector de una igualdad de condiciones" y que se regule "esta oferta" para"competir todo el mundo en igualdad de condiciones y ofrecer unas garantías de calidad al cliente". Insiste en que el"instrusismo" en este sector va también en detrimento"de la oferta de alquiler para vivir en las poblaciones muy turísticas, como está ocurriendo en el Pirineo".

Un planteamiento que comparte desde la Asociación de Empresario Turísticos de Teruel su presidente, Roche Murciano. Entiende, además, que los ayuntamientos"deberían implicarse más" ya que los que"mejor conocen" la necesidad de vivienda de alquiler de su municipios y la situación de la oferta local de alojamientos. También reclama más inspecciones en las zonas donde el ‘boom’ de las VUT puede llegar a generar problemas.

El papel de los Ayuntamientos

La potestad de limitar la cifra de pisos recae en los consistorios, al ser una competencia municipal. No le cae de nuevo alcalde de Aínsa, Eduardo Pueyo, que impulsó que el Ayuntamiento aprobara en marzo del año pasado un tope por bloque de entre un 10 y un 20%, a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que está pendiente de recibir el visto bueno de la comisión de Urbanismo. Actualmente están registradas 32 (con 236 plazas)."No hay quien pueda venir a vivir a Aínsa ni a los alrededores porque no hay nada que se pueda alquilar", afirma. Le parece bien que la DGA recuerde esta atribución.

Para el presidente de la Federación aragonesa de municipios, comarcas y provincias, Luis Zubieta, hay que buscar un "equilibrio" entre las viviendas de"uso diario y las turísticas", aunque admite que es un "asunto complejo" con "intereses encontrados".

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