Encierro de CC.OO. y UGT en el Pignatelli contra el despido de 14 trabajadores del servicio de tutela de adultos

Delegados de ambos sindicatos quieren evitar así que se celebre este miércoles la Mesa Sectorial de Administración que abordará la amortización de 27 puestos de trabajo.

Encierro en el Pignatelli.
Encierro en el Pignatelli.
Guillermo Mestre

Delegados de Comisiones Obreras y UGT han iniciado este martes un encierro en la cúpula Gúdar-Javalambre del edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno aragonés, para protestar por la creación de la Fundación para la tutela de personas adultas que consideran supone una "privatización" de este servicio público. La puesta en marcha de esta entidad, explican ambos sindicatos en una nota emitida tras tomar esta medida de presión, supone el despido de 14 trabajadores que actualmente están empleados en él.

Los sindicalistas han anunciado que están dispuestos a mantener esta medida de presión para impedir que este próximo miércoles se pueda celebrar la Mesa Sectorial de Administración General donde uno de los puntos del orden del día es la amortización de 27 empleos del actual servicio de tutela para adultos perteneciente al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Este se encarga de amparar y proteger, por orden de un juez, a personas mayores de edad que, por diversas circunstancias, no están capacidad para cuidarse por sí mismas y no existe ningún familiar cercano que pueda hacerse cargo de ellas. El IASS atiende en estas circunstancias a más de 1.600 hombres y mujeres en toda la Comunidad, según un dato correspondiente a finales de 2021. El encierro se está llevando a cabo en el espacio donde tendría que desarrollarse este miércoles la mencionada Mesa Sectorial.

Para ambas centrales, la creación de la Fundación para el apoyo a la autonomía y capacidades de las personas de Aragón, que asumirá a partir de ahora estas tareas, únicamente supondrá "la pérdida de calidad y atención de personas que viven en la pobreza, solas, y que dependen de la administración para tomar decisiones".  Solicitan a la Administración que "reflexione, mantenga el servicio y no despida a sus trabajadores y trabajadoras". 

Desde el primer momento que la DGA anunció la puesta en marcha de esta Fundación, CC. OO. ha criticado la iniciativa. En noviembre del año pasado la organización recurrió el proceso de selección convocado para contratar a 23 profesionales para este entidad que, aseguró, se van a designar "a dedo" y calificó de "chiringuito" la Fundación. También pidió la dimisión de la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, María Victoria Broto.

Por su parte, ante estas acusaciones, el Departamento de Ciudadanía siempre ha defendido que el Gobierno aragonés está actuando "con absoluta responsabilidad con sus tutelados", tratando de buscar "una fórmula de gestión largamente demandada que responda a sus necesidades". Además, insisten en que se trata de una fundación 100% pública y que los empleados serán personal laboral fijo.

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