Cruz Roja tramita en Aragón las primeras ayudas de 400 euros para 44 exiliados ucranianos sin recursos
La organización ha habilitado un teléfono de información para solicitar cita previa, especialmente en Zaragoza.
Cruz Roja ya ha tramitado en Aragón las primeras ayudas de 400 euros para 44 desplazados ucranianos sin recursos, empadronados en la Comunidad, y que están fuera del sistema de acogida y no reciben ninguna prestación de los servicios de emergencia habilitados en España por la guerra. De estas personas, 35 son mujeres, lo que supone un 79,5% de los solicitantes, y el resto hombres, que tienen en conjunto a su cargo a 32 menores, según los datos facilitados por la entidad que gestiona los 1.561.824 euros asignados a Aragón por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para atender a este colectivo.
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 28 de diciembre el convenio con Cruz Roja para la gestión de estas ayudas económicas directas. Los beneficiarios podrán recibir, como máximo, 400 euros mensuales durante un periodo de medio año, que se abonarán mensualmente, previa justificación (con declaración e informe laboral) de que su situación no ha cambiado y siguen cumpliendo los requisitos. Esta cantidad puede incrementarse en 100 euros mensuales por menor a cargo y si hay más de una persona responsable de él, únicamente una de ellas podrá percibir esta cuantía adicional. En el caso de que las familias dispongan de algún ingreso, se deberá comprobar que no supera el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
La organización no gubernamental, explicó su coordinador autonómico Fernando Pérez, ha habilitado un número de teléfono de información general, el 976 210 090, en el que también se facilita la cita previa necesaria para ser atendido, especialmente en Zaragoza, donde se espera que se concentren la mayoría de los usuarios. "A la persona que llame se le van a tomar sus datos y su contacto y un profesional que hable ucraniano o cuente con un traductor le devolverá la llamada para informarle de la documentación que tiene que presentar, explicar dónde conseguirla si no cuenta con ella y fijar una cita previa para atenderle presencialmente", apuntó. Además de en las tres capitales de provincia, Cruz Roja cuenta con 30 puntos de atención en asambleas locales y comarcales a los que también pueden acudir los interesados directamente.
Hasta ahora, señaló Pérez, las propuestas de concesión de ayudas que se han traslado al Gobierno aragonés, que debe darles el visto bueno, ascienden a cerca de 100.000 euros. Se pueden solicitar con carácter retroactivo desde agosto, que fue cuando el Ministerio publicó el decreto que las regula. En Zaragoza se ha creado una unidad "en formato de emergencia" con cinco profesionales de intervención social para llevar a cabo esta labor que requiere de una "entrevista exhaustiva", dijo Pérez.
Una de las carencias con las que se están encontrando estos primeros días es que algunas de estas personas ucranianas que no trabajan no están dadas de alta en la seguridad social, por lo que no pueden aportar el informe de vida laboral actualizada que se les requiere para comprobar que carecen de ingresos.
Alertan de que los refugiados jubilados se quedarán desprotegidos
Los desplazados ucranianos jubilados, mayores de 65 años, que huyeron de la guerra y están acogidos en el programa de refugiados del Ministerio de Inclusión se quedarán sin ningún tipo de cobertura cuando finalicen los 18 meses que cómo máximo pueden permanecer en él.
Esta es la advertencia que hace Julia Ortega, responsable en Aragón de Accem, una de las entidades sociales que gestiona esta acogida. Aunque aún faltan ocho meses para que algunos de los primeros mayores que llegaron a la Comunidad y se han afincado en ella ya no puedan estar en esta iniciativa, el tema "preocupa" y por eso "se está advirtiendo a las administraciones nacionales y autonómicas para que prevean alguna solución". En esta situación se encontrarán un 5% de los desplazados atendidos en el sistema de acogida oficial.
Aunque estas personas retiradas cobren de su país una pensión, su cuantía, "de entre 70 y 80 euros mensuales", resulta "claramente insuficiente para subsistir en España", afirmó Ortega. Según apuntó, "no pueden incorporarse al mundo laboral pero tampoco acceder a una pensión no contributiva porque no llevan residiendo en España el tiempo que se requiere". Igualmente, aseguró, también les resultará imposible solicitar el Ingreso Mínimo Vital o la renta social aragonesa (prestación complementaria al IMV).
Las ayudas directas de 400 euros que se están empezando a gestionar tampoco son una alternativa "porque se plantean solo para medio año". Así las cosas, la solución para Ortega pasa por habilitar alguna cobertura "específica que responda a su perfil".
