Las farmacias rurales de Aragón ven "insuficiente" la subida de sus ayudas por la fuerte inflación
Las cuantías para boticas con déficit económico llevaban una década sin actualizarse y en este tiempo 11 han cerrado en Aragón.
Las farmacias rurales con dificultades económicas verán incrementadas las ayudas por parte del Gobierno de España en un 17,5%. Se trata de la primera subida en diez años y, aunque de la impresión de ser un incremento considerable, no se corresponde con la realidad que se vive en las boticas aragonesas, que han visto cómo la inflación en estos años se ha desbocado. "Celebramos que se haya actualizado el decreto tras más de una década, aunque es insuficiente porque entre enero de 2012 y octubre de 2022 los precios se han incrementado en un 21,1%", subraya Enrique Eguizabal, vocal de farmacia rural del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza.
En este mismo sentido se manifiesta su homóloga en Teruel, María José Villafranca: "Todo lo que sea aumentar es excepcional, pero no es suficiente". Recuerda que el farmacéutico también realiza una "labor social" y que su existencia en muchos municipios asegura "la permanencia de la población".
Además de este incremento, el Consejo Ministros aprobó otras modificaciones para estas farmacias conocidas como de Viabilidad Económica Comprometida (VEC). Para poder acceder a esta compensación, a partir de 2023, será necesario que la farmacia esté ubicada en un municipio de menos de 1.500 habitantes, lo que de facto, alerta Eguizabal, deja fuera a tres boticas de Zaragoza capital que este año sí que estaban reconocidas como VEC al tener un volumen de ingresos anuales inferior a 200.000 euros.
De hecho, es este punto otro de los que se modifican en el Real Decreto, puesto que el máximo de ingresos pasa de 200.000 a 235.000. "Al aumentar, alguna que se queda fuera por muy poco, quizás podría beneficiarse, pero para eso habrá que esperar a cerrar el año", puntualiza María José Julián, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huesca. En 2022 han recibido estas ayudas en Aragón 52 farmacias de las 733 que existen. La ayuda se calcula en función de unos tramos de ingresos, unos porcentajes y unas cuantías fijas, pero en ningún supuesto se pueden superar los 979,16 euros mensuales.
"La farmacia rural es en muchas ocasiones la única puerta sanitaria que hay abierta en un municipio. Somos la primera vía de entrada al sistema", recuerda Eguizabal, quien incide en que, con las bajadas de precio de los medicamentos, la situación cada vez es más "insostenible". "El mundo rural es muy vocacional, pero no se vive del aire", recalca.
Prueba de ello es que en la última década 11 boticas han tenido que bajar la persiana a consecuencia de la despoblación, el envejecimiento y los recortes. La mayoría de ellas se ubicaban en la provincia de Zaragoza, mientras que en Huesca se cerró la de Castejón del Puente, y en Teruel, la de Fuentespalda.
Por ello, Eguizabal confía en que "pronto" la Diputación Provincial de Zaragoza muestre una mayor "sensibilidad" hacia este colectivo y ponga en marcha ayudas como las impulsadas por las diputaciones de Huesca y Teruel. "La intención es concertar con ellos servicios profesionales en las farmacias rurales como los sistemas personalizados de dosificación, las atenciones farmacéuticas domiciliarias, el seguimiento de pacientes polimedicados para detectar problemas de seguridad y efectividad o incluso frenar la brecha digital, especialmente, con las personas de mayor edad", especifica.
Sin vacaciones ni sustitutos
Las farmacias rurales, según puso de relieve un reciente informe del Justicia de Aragón, tienen importantes dificultades para poder encontrar sustitutos porque son pocas las personas que están interesadas en trabajar en zonas alejadas de las grandes ciudades y, en muchas ocasiones con malas comunicaciones por carretera. De hecho, en la provincia de Huesca aseguran que apenas 10 farmacias de las 81 ubicadas en municipios de menos de 10.000 habitantes cierran por vacaciones. Esta situación es todavía más acuciante en la de Zaragoza, donde solo una ha solicitado este año este cierre.
En las tres provincias señalan que, pese a que el horario mínimo a cumplir es de 30 horas semanales, muchas veces realizan 40, además destacan la necesidad de hacer "numerosas guardias" para que haya una farmacia por zona de salud. "Es una esclavitud porque algunas están medio año con guardias. Y no nos la pagan porque la Administración considera que con el medicamento se compensa, pero no es así en el medio rural", incide Julián, quien destaca que este trabajo se compensa con la cercanía con el usuario.
