educación
La Universidad de Zaragoza prevé solventar en sus estatutos la relajación de requisitos para ser rector
La futura ley, que se debate en el Congreso el jueves, permite aspirar al máximo cargo incluso a personal no funcionario.
La Universidad de Zaragoza potenciará lo mejor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en sus estatutos y prevé "difuminar" las partes más criticadas como es la relajación de los requisitos para ser rector. El texto que este jueves se debatirá en el Congreso –y que finalmente se aprobará entre febrero y marzo– incluye la posibilidad de que el personal no funcionario acceda a dirigir una universidad. "Creo que va a traer problemas porque un personal laboral no puede abrir un expediente a un funcionario. Y entonces el rector tendrá que delegar su función sancionadora", explica José Antonio Mayoral, actual rector de la Universidad de Zaragoza.
Para solventarlo, se recurrirá a los estatutos, en los que el campus público lleva un año trabajando. "Habrá que poner una exigencias de currículo lo suficientemente amplias", insiste, al tiempo que reconoce que uno puede decidir no ser catedrático, pero ocupar a lo largo de su carrera cargos de gestión como un vicerrectorado o decanato, colaborar con la industria, tener todos los sexenios posibles, entre otras cuestiones. "En ese caso sí que tienes toda la auctoritas", puntualiza.
Algunos cambios tampoco terminan de convencer a los estudiantes. En este sentido, Eduardo Serrano, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza, lamenta que todos los mandos de órganos unipersonales serán de seis años, "lo que provocará que haya promociones –un grado tiene cuatro años de duración– que no vayan a poder votar nunca a su rector". La futura ley lo limita a un mandato de seis años en lugar de los dos de cuatro años actuales.
También critica que no se garantice una mayor representación de los estudiantes en los órganos de gobierno: "Reclamábamos un 35%, pero el máximo que se alcanza es un 25% y en algunos se queda en un 10%". Asimismo considera que no se ha avanzado suficiente en garantizar de manera "real" los derechos del estudiantado ni la calidad de las titulaciones. Tampoco en la plena inclusión ni en la gratuidad de los estudios. Las tasas universitarias dejarán de depender del Consejo General de Política Universitaria (CGPU) y será cada comunidad la que lo fije. Eso sí, los importes solo se pueden mantener o bajar.
Este cambio preocupa a Mayoral puesto que puede producirse una guerra de precios: "Si yo los bajo para que vengan más alumnos de comunidades limítrofes que tienen tasas más altas...". "Esto no es una competencia. Somos públicos y lo que queremos es un buen sistema universitario", resume. En este aspecto, confía en que en Aragón no existan problemas, puesto que se lleva varios años trabajando en una tendencia descendiente.
Elaboración del estatuto del PDI
Confía, además, en que el Ministerio de Universidades cumpla con el objetivo de destinar el 1% del PIB. "La Conferencia de Rectores lo pidió y vamos a presionar para que se cumpla", insiste. Recuerda el máximo representante de la Universidad de Zaragoza que todavía quedan por desarrollar el decreto ley que define los ámbitos de conocimiento de las titulaciones y también el estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI). "Ninguno está dentro de la ley sino que van a estar a modo satélite y esto marcará mucho", apunta. Con las modificaciones previstas, espera que la carrera profesional sea "más clara y rápida". "Sería muy positivo porque perdemos gente porque nuestra carrera es más lenta en comparación con el exterior", puntualiza.
Por su parte, Serrano destaca que le nueva norma, aunque deja un sabor "agridulce", incluye aspectos positivos como las funciones del Consejo de Estudiantes, que hasta ahora no estaban definidas, o la regulación del paro académico, es decir, el derecho a huelga. No obstante, al igual que Mayoral, subraya que la normativa deja "mucha flexibilidad" a las universidades. Y en esto, señala, el campus público está teniendo "mucho tacto" en la negociación de los estatutos.
