Stellantis ubicará su sede social en Vigo tras culminar su fusión en España este mes

La operación que integra a la fábrica de Figueruelas con la gallega y la de Madrid "no tiene implicaciones fiscales, financieras o aduaneras adicionales", apunta la firma.

Cadena de montaje de la planta de Opel España, del grupo Stellantis, en Figueruelas.
Cadena de montaje de la planta de Opel España, del grupo Stellantis, en Figueruelas.
Oliver Duch

El proceso de fusión de la multinacional automovilística Stellantis en España culminará el día 31 de este mes con la integración de Opel España, que engloba a la fábrica de Figueruelas y a su actividad en Madrid; Peugeot Citroën Auitomóviles España (PCAE), con las factorías de Vigo y Villaverde (Madrid), y PSAG Automóviles Comercial España, que incluye a la dirección de la actividad comercial de las marcas Peugeot, Citroën y DS.

Fuentes de Stellantis confirmaron este jueves que este proceso forma parte de la estrategia del grupo a nivel mundial que consiste en reagrupar las actividades industriales y de comercio mayorista de los países donde opera. Asimismo, indicaron que en el mismo no está incluida FCA (Fiat Chrysler), compañía que se unió a PSA para constituir una corporación más grande -cuenta hoy con 14 marcas distintas-, ya que en realidad la operación que se cerrará con el fin de 2022 es la que se inició para integrar a Opel Vauxhall en el grupo PSA tras la venta de la marca del rayo a la firma francesa por parte de General Motors.

El domicilio social de la entidad jurídica resultante, Stellantis España, se ubicará en Vigo tras el análisis de variables propias de cada una de las entidades participantes, explicaron desde la compañía, que aseguraron que esta decisión solo obedece a "una exigencia legal" y "no tiene implicaciones fiscales, financieras o aduaneras adicionales".

La dirección de la fábrica de Figueruelas informó de la operación a los representantes de la plantilla el pasado mes de junio, coincidiendo con el primer paso del proceso, el de la aprobación del proyecto por los consejos de administración de las sociedades participantes. Fuentes sindicales de la planta zaragozana corroboraron este jueves este extremo y coincidieron en señalar que se trata de una cuestión "solo legal" y que la ubicación de la sede social ni genera beneficios a la localidad elegida (Vigo) ni perjuicios a las que, como Zaragoza, pierde el domicilio de una gran compañía de automóviles.

Desde Stellantis su subrayó asimismo que independientemente del proyecto de fusión las empresas que en él participan mantendrán la identidad e independencia de sus actividades, entre ellas la de funcionar cada una con sus convenios colectivos y comités de empresa respectivos. La integración, incidieron, no tendrá efectos en el empleo y cada actividad mantiene su independencia. Eso, sí, precisaron, Stellantis España SL tendrá una única cuenta de resultados y en materia de impuestos no se modifica la consolidación fiscal puesto que las sociedades que participan en el proceso "ya forman parte de un grupo de consolidación fiscal".

La visión del Gobierno aragonés

La consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, se refirió a este operación en una comparecencia este jueves en las Cortes solicitada por el Partido Popular en la que dejó bien claro que un cambio de domicilio social no es una deslocalización en ningún caso y que "no altera la realidad de las empresas". En su intervención, recalcó que el cambio de domicilio social es "un mero trámite mercantil" y señaló que en el caso de Stellantis no hay afecciones para la planta de Zaragoza ni para el empleo ni para el cómputo de las exportaciones aragonesas.

En su turno de réplica, la consejera insistió en que no habrá afecciones negativas para la Comunidad. "¿Se va a ir la plantilla? No; ¿Va a afectar al PIB aragonés? No, ni tampoco afecta al territorio ni al empleo", dijo. A quienes sí podría afectarles, reconoció, es "a la junta de accionistas", pero si por eso fuera, ironizó, "todos los directivos se irían al País Vasco y Navarra". Gastón invitó a todos los diputados presentes en el Pleno a comprobar desde enero cómo el cambio de domicilio social de Stellantis no tiene afección en la economía aragonesa.

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