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Calatayud aprueba 29,5 millones de presupuesto municipal para 2023

El equipo de gobierno los defiende y recuerda que la ciudad cuenta con la menor presión fiscal, mientras que la oposición los tacha de "ficticios" y que "olvidan a la ciudadanía". Polémica por el uso del reglamento.

Imagen de la sesión de octubre del pleno del Ayuntamiento de Calatayud
Imagen de la sesión de octubre del pleno del Ayuntamiento de Calatayud
MACIPE

El pleno del Ayuntamiento de Calatayud, con el sí de PP y Cs, la abstención de Vox y PAR y el no del PSOE, aprobó este miércoles un presupuesto para 2023 de 29,5 millones de euros, son casi 700.000 que las cuentas que se aprobaron para el presente año. Del global, más de un tercio van a gastos de personal –incluidas las subidas del 1,5 y 2,5% aprobadas recientemente-, se valora la ampliación de plantilla (más agentes de policía local, administración) y se añade un incremento de los gastos corrientes por la energía. El proyecto fue presentado y defendido por el propio alcalde, José Manuel Aranda.

En total, 7 millones se dedican a inversiones reales, aunque tanto la partida para urbanizar el nuevo polígono industrial en los antiguos terrenos de Campsa en San Antonio (640.000 euros) como la dotación para la harinera, cuyas obras siguen paralizadas, repiten epígrafe en las cuentas municipales. Además, se contemplan 850.000 euros a la mejora de naves industriales y 200.000 para intervenciones en los tres polígonos existentes para señalización, asfaltado y servicios.

Aranda también detalló que la actual línea de ayudas a la inversión y creación de empleo –que de 275.000 solo emplearon 150.000- tendrán una partida de 350.000 euros. Entre los principales proyectos, se incluye la rehabilitación del palacio de Villa Antonia para construir 21 viviendas por 2,1 millones de euros, intervenciones en una capilla y el claustro del Santo Sepulcro por 470.000 euros, en los revocos del claustro y el órgano de Santa María y 100.000 euros para la Torre Albarrana.

También hay obras previstas en las aceras de la carretera de Valencia (por 219.000 euros), en el Coso de Margarita (120.000), el parque Fernando el Católico, los accesos del colegio Goya, la plaza Darío Pérez y en la calle Galdar (ya anunciadas en 2021). En la residencia municipal San Iñigo, se comprarán 40 camas eléctricas (con fondos del plan Plus de la DPZ) y una lavadora, se mejorará el ascensor y se incrementará la jornada del terapeuta ocupacional.

El regidor contextualizó las cuentas con la influencia del IPC, que marca el nivel más alto de los últimos 30 años y el encarecimiento de los intereses financieros, y sacó pecho por ser la ciudad de más de 15.000 habitantes con menor presión fiscal. "Cada bilbilitano soporta 282 euros en tasas e impuestos municipales", insistió.

Según los datos que esgrimió el alcalde esos 282 euros se sitúan en un 27% por debajo de la media de Aragón y estimó que de situarse al mismo nivel el Consistorio ingresaría más de 1,5 millones de euros más. A pesar de ello, también reivindicó que por sexto año el municipio es, junto con Zaragoza, el único considerado en Aragón como excelente en servicios sociales por el nivel de inversión en esta área, 172 euros habitantes/año.

Desde Vox, Pilar Delgado calificó el presupuesto de "un poco ficticio" y "partidista". "Ya veremos si cumple", puntualizó. Para Ana Ballano (PAR), que presentó varias propuestas que según el alcalde la mayoría estaban incluidas en el proyecto, incidió en "priorizar las inversiones subvencionadas" y volvió a advertir de las obras de los planes Edusi. Jorge Lázaro, del socio de gobierno Cs, remarcó que la amortización de deuda es "asimilable" y que las cuentas permitirán trabajar a todas las áreas "dignamente".

En el PSOE, Sandra Marín, recordó las 101 propuestas que los socialistas presentaron para incorporar a las cuentas y de las que dijo se pueden financiar, en parte si no se hubieran perdido subvenciones como la del polideportivo y los gastos externos en consultoras, letrados y sentencias en contra. Calificó las cuenta de "adoquín, pero no dulce sino frío, duro y amargo" y que las ideas del PP "están enfocadas a la fastuosidad, el autobombo y no dan solución a los problemas de la ciudadanía".

Polémica por el uso del reglamento

Marín realizó su intervención apelando al turno de explicación de voto, práctica habitual de los socialistas en los últimos meses y que impide la réplica por parte de otros grupos y evita que sea el alcalde quien ponga la coda a todos los debates. Ante esta situación, Aranda le espetó a la portavoz socialista de Hacienda que lo hacía o "por no ser capaz de defender o por no salirse de lo escrito", a lo que Marín contestó que ella lo veía incapaz de gestionar la ciudad.

Pero no fue la única fricción por el uso de la normativa del pleno. En el quinto punto de la sesión, el PSOE presentó una moción para "redactar un proyecto que ponga en valor del Castillo de Doña Martina" y antes realizar catas arqueológicas. Desde el PP, José Manuel Gimeno, reconoció que la iniciativa ha revelado que la propiedad del bien no está clara: no aparece en los inventarios municipales de los últimos 90 años ni ha podido refrendarse en el Registro de la Propiedad.

Gimeno, como edil de Urbanismo, planteó la posibilidad de retirar la moción hasta determinar quién es el dueño, pero la portavoz socialista Julia Olivas lo rechazó y propuso modificar el texto para contemplar que primero se tendría que averiguar la titularidad, cambios que en anteriores ocasiones el PP ha promovido para enmendar mociones de Vox.

Sin embargo, José Hueso (Cs) apeló a otro punto del articulado para solicitar la retirada del debate y que no se llegase a votar hasta que se incorpore la documentación que atestigüe quien es responsable del recinto. Olivas, por su parte, mostró su preocupación porque esta medida pueda sentar un precedente para no debatir, por no escuchar el criterio del secretario y adelantó que pedirá un informe de legalidad.

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