La DGA destinará 21,3 millones a la compra de 195 viviendas para el parque público de alquiler

Los pisos se adquirirán en distintas localidades aún por determinar y deberán contar con al menos 55 metros útiles.

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, en su comparecencia parlamentaria.
El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro.
Cortes de Aragón

El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón destinará 21,3 millones de euros a la compra de al menos 195 viviendas, de particulares, empresas o entidades financieras, con el objetivo de incrementar el parque público de alquiler, para dar soluciones habitacionales o facilitar el acceso a un hogar a colectivos como los jóvenes o familias desfavorecidas.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este miércoles a este gasto plurianual cofinanciado por el Ejecutivo de España a través del programa 6 del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que aportará 13 millones (el 60% del total). La adquisición se llevará a cabo por medio de la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón, que asume los 8,3 millones restantes. El grueso del gasto se concentra en 2023, ya que para el año que viene se consignan 18,5 millones y el resto en gasto plurianual a lo largo de 2024 y 2025.

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha explicado que el procedimiento para la selección de los pisos, que siempre serán de titularidad pública y para el alquiler, se ultimará a lo largo de diciembre, estableciendo las condiciones y criterios y buscando siempre que sean lo más útiles posibles para las necesidades actuales.

El Departamento ya está trabajando en un "borrador" de este documento que estará listo antes de finales de año. El consejero solo ha adelantado sobre él que se priorizarán las localidades con "una mayor demanda pública". Estas viviendas podrán estar ubicadas en cualquier población de la Comunidad y la idea, según Soro, es que se empiecen a comprar en enero y los inquilinos entren a vivir ya a lo largo de los primeros meses.

Los inmuebles deberán tener una superficie útil mínima de 55 metros cuadrados, localizarse en suelo urbano, contar con célula de habitabilidad y suministros. En el caso de ser necesaria una intervención de reforma, esta no podrá superar los 8.000 euros de coste por hogar (IVA incluido), porque la idea no es adquirir casas para reformar, sino que estas presenten ya condiciones para la ocupación casi inmediata.

Cinco euros por metro cuadrado

El coste del arriendo será de unos cinco euros por metro cuadrado, se actualizará conforme al IPC (Índice de Precios al Consumo) anual. Los ingresos de los arrendatarios no podrán superar tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), establecido este año en 579,02 euros mensuales. Estos inmuebles van destinados tanto al alquiler social para dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad, como a otro tipo de políticas para atender la demanda de arrendamientos accesibles en núcleos con problemas de acceso a la vivienda y para facilitar que los jóvenes puedan emanciparse y contar con su propio hogar.

En cifras globales se estima que podrán adquirirse 195 pisos, teniendo en cuenta un precio máximo de 1.465,83 euros por metro cuadrado y una superficie media de 70 metros cuadrados útiles. Soro dijo que la cifra de inmuebles que se sumen al parque público podría ser superior y dejó claro que "no se trata de comprar por comprar, se trata de que las viviendas cumplan su función".

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