La DGA acabará de pagar el fiasco de la autopista autonómica en 2023
La última anualidad asciende a 6,2 millones, con la que se completarán los 25 millones necesarios para resolver el contrato.
El Gobierno de Aragón acabará de pagar el próximo año el fiasco millonario de la autopista autonómica, la ARA-A1, que supondrá un último desembolso de 6,2 millones. De este modo, se saldará la deuda pendiente con los bancos que financiaron la construcción de esta infraestructura de 5,3 kilómetros que une la carretera de Castellón (N-232), a la altura de El Burgo de Ebro, con el eje de Barcelona (AP-2 y N-II), en Villafranca de Ebro. En total, la resolución del contrato ha supuesto un gasto de 25 millones en cuatro anualidades, 2020-2023.
La partida figura como inversión en la Dirección General de Carreteras y supondrá todo un lastre, ya que concentrará casi el 12% de los 52,9 millones incluidos por el cuatripartito.
El modelo de negocio de la ARA-A1 se basaba en el cobro de un peaje en sombra por cada vehículo que transitaba desde su apertura en el verano de 2008. El problema es que las expectativas de tráfico nunca se cumplieron y en el año previo a la resolución del contrato, el de 2019, se cerró con el 57% de los vehículos previstos pese a haber crecido de forma constante en los últimos cuatro años gracias a la recuperación económica.
Además, la Administración autonómica tuvo que hacerse cargo tanto de los costes operativos como de las nóminas del personal y del mantenimiento de esta vía que cruza el río Ebro. Sus principales beneficiarios son las papeleras situadas en la margen derecha, ya que los camiones se evitan un rodeo de 40 kilómetros millones, hasta el cuarto cinturón de Zaragoza, para conectar con el corredor de Barcelona. El Ministerio de Transportes mejorará ahora la conexión con la AP-2, para lo que prevé invertir 4,8 millones en completar el enlace.
