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La prisión de Zuera se quedará sin médicos en primavera y no habrá reemplazo
Instituciones Penitenciarias insiste en la negociación con la DGA sobre la trasnferencia del servicio médico de las cárceles.
Los tres médicos titulares que quedan en la prisión de Zuera tienen claro que van a jubilarse. Y lo harán juntos en la próxima primavera, al haber cumplido 64 años y tener cumplido el tiempo de cotización. El problema es que no hay sustitución prevista de ninguno ellos por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Esta situación viene anunciándose desde que en los últimos tres años ya se hayan jubilado otros cuatro facultativos en el centro penitenciario y ninguna plaza haya recibido a un nuevo titular, reconocen fuentes penitenciarias. Las plazas que se sacan a concurso no se cubren por las condiciones de los médicos en las cárceles no son precisamente atractivas: cobran unos 600 euros menos que en la sanidad pública.
Así las cosas, la cárcel zufariense, una de las más pobladas de España con 1.100 internos y que llegó a disponer de hasta ocho médicos en plantilla antes de 2018, puede quedarse sin ninguno a principio de 2023 y el único facultativo que quedaría sería uno que ejerce de director de programa y no cubre guardias.
Los tres médicos (dos hombres y una mujer), que llegaron a Instituciones Penitenciarias cuando se creó la plantilla a finales de los 80, tienen claro que “si se va uno, irán los otros dos detrás”. Son conscientes de que “es imposible” cubrir ese servicio y mantener las condiciones sanitarias del millar de internos con dos facultativos en la plantilla.
Denuncia de los funcionarios
En estos momentos, los funcionarios de los sindicatos Acaip-UGT y Csif ya han denunciado que “no hay un plan B” para cubrir esas bajas y conocen que la voluntad de Instituciones Penitenciarias es negociar con el Gobierno de Aragón la transferencia del servicio médico, como se ha realizado en Cataluña en 2010, País Vasco, en 2011, y Navarra, recientemente. Curiosamente, las dos regiones que lo han hecho tienen su Hacienda particular, y eso les concede autonomía en esta materia
En este sentido, el Ministerio del Interior reclama que se cumpla la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que exige que las comunidades autónomas se hagan cargo de la administración sanitaria de las prisiones.
Los trabajadores del servicio médico de la cárcel de Zuera han sobrevivido a las sucesivas crisis sanitarias de los internos desde los 80: la heroína, el sida, la hepatitis, la tuberculosis o la salud mental, que en la actualidad es un “gran problema” en la enfermería de la prisión.
Un funcionario denuncia que “en las comunidades autónomas donde tienen transferida la sanidad penitenciaria no tienen problemas económicos para cubrir esas plazas porque su remuneración es adecuada”, como los que trabajan en el Salud. Pero la oposición de plazas de sanidad penitenciaria en Aragón “no se han cubierto” porque, según las mismas fuentes, influye mucho la diferencia de salario con los médicos que trabajan en un hospital o un centro de salud.
El derecho de los presos a la atención sanitaria
¿Quién vendrá a sustituirlos? Si las oposiciones no han generado médicos que lleven la salud de los 1.100 internos de Zuera, las mismas fuentes indican que la telemedicina o el centro de salud más próximo “no pueden sustituir” el tratamiento directo de una población complicada. “Los presos tienen derecho a una atención sanitaria similar a la que recibirían en libertad”, recalca un funcionario de la prisión. “Las enfermeras están haciendo una labor tremenda y casi milagrosa para superar muchos días. La cárcel se ha convertido en una isla para aplicar un programa de salud”, agrega un funcionario.
Un médico aragonés de prisiones que se ha jubilado después de trabajar en otra comunidad autónoma y conoce a los compañeros de Zuera destaca que “no hay nadie que quiere venir de médico a una prisión en estas condiciones” y “al final, pueden solucionarlo con la privatización y la contratación de algún facultativo procedente de mutuas”.
“El Gobierno de Aragón e Instituciones Penitenciarias tendrán que sentarse a negociar antes o después porque la atención médica de los presos es un derecho que no pueden olvidar y un médico aprende mucho más dentro de la cárcel que fuera. Si no hay algún acuerdo entre las instituciones puede haber un desastre”, concluye el facultativo de Aragón.
