La DGA empieza a diseñar el impuesto que gravará el impacto visual de las renovables
Hacienda prevé recaudar el año que viene por Sucesiones, Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales 368,6 millones, 106 más de lo previsto para 2022.
El consejero de Hacienda ordenó este lunes iniciar los estudios que avalarán la implantación de un nuevo impuesto que gravará las afecciones e impactos visales y medioambientales adversos sobre el medio natural y sobre el territorio a consecuencia de la instalación de infraestructuras afectas a la generación de energía eléctrica. Así lo anunció este lunes el socialista Carlos Pérez Anadón, que compareció ante la Comisión de Hacienda para presentar el proyecto de presupuestos de Aragón para 2023, unas cuentas "históricas" que se elevan hasta los 8.250 millones de euros por el aumento en las transferencias del Estado y por los fondos europeos. No se trata de un impuesto novedoso. Otras comunidades, como las dos castillas, cobran por aerogenerador desde hace diez años.
La orden para iniciar los trámites recoge que, aunque las renovables son "activos que deben ser estimulados por los poderes públicos", eso no implica que los procesos de producción y transformación de este tipo de energías sean "inocuos para el medioambiente".
La instalación de parques implica, según estima Hacienda, "servidumbres, cargas inevitables para el entorno, el medio natural, el paisaje y el hábitat en el que se localizan que, en parte, resulta alterado o al menos sensiblemente transformado" y no solo por el impacto visual producido por las instalaciones, sino también como resultado de las necesarias infraestructuras que las instalaciones requieren para su funcionamiento. Concluye, por ello, que "estos déficit medioambientales deben ser reparados mediante un tributo de carácter medioambiental concebido como el instrumento adecuado para internalizar los costes sociales y ambientales y promover la reducción del impacto tecnológicos provocado por dichas instalaciones". A partir de esta argumentación, comienza ahora la tramitación administrativa para elaborar el anteproyecto de ley.
Durante su comparecencia en las Cortes, Pérez Anadón defendió la reforma fiscal que impulsa el cuatripartito por ser una propuesta "realista, ajustada, dimensionada y equilibrada" que no provocará "ni un arañazo" al Estado del bienestar.
Las expectativas de ingresos por los tributos cedidos van al alza. Y no solo por el IRPF y el IVA, que confirman el aumento avanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Solo por Sucesiones, Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales, la DGA prevé ingresar 368,6 millones de euros, 106 más de lo que previsto para este año, y que ya se ha superado. En el Informe Económico y Financiero sobre las cuentas se argumenta que la previsión de 2023 coincide con la del cierre de 2022 y se achaca, además, a un cambio en la normativa tributaria que afecta a Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), por el que el valor de los inmuebles ha pasado a ser el de referencia fijado por el catástro.
Los técnicos consideran si un agravamiento de las condiciones económicas afectara a las estimaciones de recaudación se evidenciaría en dos tributos, ITP y AJD, derivados de un menor número de operaciones de compraventa, que es el concepto que con ellos se grava.
Del Impuesto de Sucesiones se espera conseguir 140 millones y de donaciones, 6,5 millones, aunque en los dos se aplicarán bonificaciones a través de la reforma fiscal.
La única estimación que empeora las cifras de este año son los tributos sobre el juego, por un declive del juego presencial del bingo, y se cifra en 22,4 millones. Por el juego 'on line' se espera recaudar 3,5 millones.
En los impuestos medioambientales que gravan las líneas de alta tensión y los aprovechamientos hidroeléctricos, se mantiene la previsión (2 y 17 millones, respectivamente), aunque el coste crecería un 15% por la reforma fiscal. Y un 10% aumentará el de las grandes áreas de venta, que abonan ahora 5,5 millones. Por el Impuesto medioambiental de emisiones de contaminantes se ingresarán 110.000 euros.
El Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración de residuos se tramitará a través de la Agencia Tributaria, pero será la DGA quien se beneficiará. Para el primer ejercicio, excluyendo la autogestión y teniendo en cuenta una reducción del 25% por el efecto disuasorio del tributo, se estiman unos ingresos de 12 millones de euros.
130 millones para salarios
La sección 30, la que corresponde a diversos departamentos, está dotada con 1.666 millones. En ella figura la previsión necesaria para hacer frente a la subida salarial de los trabajadores de la Comunidad, que asciende a más de 130 millones, y que sigue pendiente de un acuerdo de Gobierno. También figuran el Fondo de Contingencia, exigencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en Aragón, con 32 millones para financiar las necesidades que pudieran surgir en el ejercicio corriente, siempre que sean urgentes e inaplazables y que, por lo tanto, no estén contempladas en la planificación ordinaria de las cuentas.
Las mayores entregas a cuenta de la historia y la presencia de los fondos Next Generation son fundamentales para explicar el crecimiento de las cuentas de la DGA. Se elevan, en total, a 503 millones que llegarán de la UE, bien como React-EU o como recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El mayor volumen de fondos corresponderá a políticas sociales y se repartirán entre Sanidad (117,9 millones), Vivienda y Urbanismo (50,2), Educación (48,8) y Empleo (17,7). A las políticas económicas corresponderán 170,1 millones, con una especial incidencia en Industria, con 86,7 millones, e Investigación y Desarrollo, con 39,7. En Infraestructuras, que recibirá 79,8 millones, destaca medio ambiente (53 millones) y hay 18,4 millones más para actuaciones de carácter general.
Hacienda están asignados seis millones de euros de los fondos europeos, que permitirán dar continuidad a las políticas orientadas a la digitalización y modernización de la Administración.
