“No tenemos la menor intención de ampliar los plazos”. Así de tajante se ha mostrado este viernes la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ante el atasco en la tramitación burocrática de cientos de proyectos de implantación de energías renovables en todo el país. La decisión pone en riesgo el futuro de hasta 26 parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón de Forestalia y Capital Energy, que perderán el derecho de acceso y conexión a la red y los avales depositados si no logran la declaración de impacto ambiental en dos meses. La inversión en juego asciende a casi 850 millones de euros solo en la Comunidad.

La tramitación de los parques de energía renovables corresponde a las comunidades siempre que el proyecto no supere los 50 megavatios (MW), mientras que el resto son competencia del Ministerio. Según explican las empresas del sector, la DGA va en plazo tras reforzar hace meses las plantillas, pero no así la cartera de Transición Ecológica. Pese a ello, Ribera ha acusado a las administraciones autonómicas del retraso.

De hecho, ha desvelado que el Ministerio ha llevado a cabo una “ronda” con todos los gobiernos autonómicos para “insistirles” en la necesidad de cumplir con unos plazos que ya se prorrogaron en noviembre del año pasado tras un acuerdo de la conferencia sectorial. Entonces, ha dicho Ribera, se trasladó un “mensaje muy explícito sobre la importancia de resolver en plazo” las solicitudes.

“Es importante dar salida a estas decisiones porque ahora tenemos bloqueada una capacidad de utilización de las infraestructuras de transporte que no beneficia a nadie”, ha explicado la vicepresidenta tercera, que ha advertido de que “de cara a potenciales proyectos serios y solventes, inversores que pueden estar esperando a que se libere esa capacidad, no se explicarían que no se resuelva en plazo”.

A su juicio, “los promotores tienen derecho a una resolución motivada” y, para ello, ha recordado la necesidad de “reforzar los equipos”. “No cabe la trampa de suspender los plazos”, ha reiterado Ribera, que ha apuntado que la Unión Europa exige tramitar los proyectos con “solvencia y equilibrio”.

El calendario fijado por el Ministerio obliga a todos los proyectos que obtuvieron el derecho de acceso y conexión a la red eléctrica antes de mediados de 2020 a superar el trámite ambiental el próximo 25 de enero. Este hito solo lo han superado 11 de los 336 parques planteados en Aragón que tramita Transición Ecológica, con una potencia de 18.658 megavatios. El resto disponen de un colchón temporal mayor al haber obtenido el derecho de acceso a la red con posterioridad, aunque también están en riesgo.

En el conjunto del país la situación no es mejor. Se calcula que hasta 100.000 MW podrían quedarse en el camino justo cuando más necesarias son las renovables para hacer frente a la actual crisis energética en el continente.