Entrevista
Ignacio Sancho Gargallo: "Los retrasos en el Supremo hacen que la justicia sea menos justicia"
El magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo (Zaragoza, 1963) es investido por la Universidad de Zaragoza como doctor honoris causa.
Doctor honoris causa. ¿Qué supone para usted?
Es un honor y una responsabilidad. Al mismo tiempo, el hecho de que me venga reconocido por la universidad en la que estudié, donde mi padre fue alumno y profesor y mi abuelo rector me da una gran satisfacción. Siempre hemos estado muy vinculados a esta universidad y es el mayor reconocimiento que puedo recibir, mucho mayor que otros que pudiera recibir, este es muy especial.
¿Qué relación tiene con Zaragoza?
Aquí nací, me eduqué, estudié Derecho, mi primer ejercicio profesional fue en Alcañiz, mantengo muchos vínculos familiares y tengo muchos amigos y vengo con relativa frecuencia.
¿Le guarda cariño?
Mucho. Tengo mucho afecto a esta universidad.
Treinta años de trayectoria profesional en Derecho. ¿Qué quería ser de pequeño?
Cuando era muy pequeño quería ser tranviero. Al estudiar Derecho, fui viendo poco a poco. En la carrera descubrí que quizá mi vocación profesional era la de juez, aunque me gustaba mucho el estudio de algunas materias del Derecho, pero opté para preparar las oposiciones de juez porque me atraía mucho. He comprobado que no me equivoqué -ríe-. Debía servir para eso. Es difícil acertar con eso.
¿Qué supone para el Tribunal Supremo que no se nombren los cargos?
Esto afecta fundamentalmente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo y la de lo Social. En menor medida en la mía, que es la de lo Civil, pero está afectando muchísimo a estas salas. Puede perjudicar el correcto desarrollo de la función en la medida en que la falta de vacantes provoca que no se pueda desarrollar todo el trabajo que se tendría que hacer.
En su opinión, ¿qué solución tiene?
La solución está en que el Congreso y el Senado cumplan con su obligación, ponerse de acuerdo para nombrar los vocales del Consejo General de Poder Judicial.
¿Qué implica para el ciudadano que estén paralizados los recursos de casación?
Cuando hay menos profesionales de los previstos, puede producir retrasos. Supone que la justicia, que tiene que cumplirse en plazos razonables, se dilata, y cuando lo hace ya es menos justicia. El retraso hace que algo, aunque te dé la razón o no, si es tarde no es tan satisfactorio como debería serlo. Tiene una incidencia en los ciudadanos.
También la opinión pública traslada la idea del mal funcionamiento de algo que funciona muy bien. El Tribunal Supremo funciona en todas sus salas bastante bien. Traslada una imagen que no es exactamente la real. Empieza a ser muy grave el tema de las vacantes, sobre todo en lo Social.
¿Cómo se traduce un buen funcionamiento de la jurisdicción civil y mercantil en la economía?
Por la seguridad jurídica. Cuando los tribunales deciden los conflictos jurídicos en el tráfico mercantil, establecen pautas con los que acomodarse y eso evita más conflictos jurídicos. La indefinición, la falta de seguridad de cómo se resolverán los problemas provoca mayores conflictos jurídicos. Es muy importante que los tribunales resuelvan a tiempo y bien. Deben crear pautas que generen confianza, previsibilidad. La seguridad jurídica facilita las inversiones y encauza la iniciativa empresarial.
Usted fue ponente de la primera sentencia que dictó el Supremo sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Qué bondades ha tenido esta norma?
Esta ley fue muy positiva porque reforzó la inmediación en el ámbito civil. Generó muy buenas prácticas para jueces y para abogados. Fue de esas leyes que cambiaron hábitos en la justicia civil, el mayor cambio en los últimos años, y fue a mejor. Las medidas que introdujo estuvieron muy bien.
