El impuesto a las renovables que defiende Lambán se cobra en tres autonomías del PP y PSOE
La pionera fue Galicia en 2009 al gravar el impacto de los parques eólicos y prevé ingresar más de 22 millones en 2023.
El impuesto que quiere imponer el Gobierno de Javier Lambán a las instalaciones de energía renovable y cuestiona la oposición lo están aplicando desde hace más de una décadas otras tres autonomías gobernadas por el PP y por el PSOE. La primera en gravar el impacto de los parques eólicos fue la Xunta de Galicia en 2009, le siguió dos años después la Junta de Castilla-La Mancha y al año siguiente se sumó la de Castilla y León, garantizando una aportación millonaria todos los años a sus arcas públicas, sin que haya supuesto un impedimento para que lideren el desarrollo de la energía verde en España.
Nada más ponerse al frente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo (PP) sacó adelante el canon eólico que grava "la generación de afecciones e impactos visuales y ambientales adversos sobre el medio natural y sobre el territorio". Y su sucesor, Alfonso Rueda, prevé ingresar 22,3 millones el próximo año, según consta en su proyecto de presupuestos.
El hecho imponible servirá de base para el nuevo impuesto anunciado el pasado viernes por el presidente aragonés en el debate sobre el estado de la Comunidad. En el caso de Aragón, se pretende gravar el "impacto visual y paisajístico" de las instalaciones de renovables, aunque los socios del cuatripartito no han detallado nada y prevén negociarlo con el resto de partidos para aplicarlo "a medio plazo".
La mayoría de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox ya han mostrado sus críticas y reticencias, mientras el diputado y líder de IU, Álvaro Sanz, no oculta su satisfacción porque adelantó la propuesta hace un mes. No obstante, reclama su urgente aprobación y no demorar la puesta en marcha.
De salir adelante, se seguirá también la estela de Castilla-La Mancha, que con el socialista José María Barreda en la presidencia aprobó en 2011 una ley para crear otro canon eólico y el denominado "fondo para el desarrollo tecnológico de las energías renovables y el uso racional de la energía". De igual modo, en la ley de medidas tributarias, administrativas y financieras de 2012, el entonces presidente castellano leonés, el popular Juan Vicente Herrera, incluyó un nuevo impuesto a los parques eólicos cuyo hecho imponible es similar: "La generación de afecciones e impactos visuales y ambientales".
En los tres casos, la base imponible varía en función del número de aerogeneradores de los titulares de las instalaciones, salvando las de autoconsumo y de investigación. En Castilla y León se tiene en cuenta otra variable en su aplicación, la potencia de los molinos, de modo que pagan más los de mayor capacidad de generación.
Esta última autonomía lidera la producción de energía eólica e ingresa mucho más dinero que Galicia por este tributo, en concreto 35,8 millones. La aportación es más discreta para las arcas de Castilla-La Mancha, estimada en 12,45 millones en el proyecto de presupuestos para 2023.
Lo que ningún ejecutivo autonómico está gravando es la eclosión de las plantas solares fotovoltaicas, cuyo impacto paisajístico está siendo muy cuestionado. El Gobierno de Aragón no ha aclarado el alcance de su propuesta fiscal ni tampoco se ha puesto en contacto con el Clúster de la Energía de Aragón (Clenar), que agrupa a más de 80 empresas, instituciones y centros de investigación e innovación de este sector en plena expansión.
Sin impacto sustancial
La reforma fiscal que impulsa el cuatripartito incluye la subida el próximo año de tres impuestos ambientales para compensar la rebaja de medio punto en el IRPF para las rentas medias y bajas. Los ingresos adicionales no serán muy boyantes, al menos con la subida del 10% en el impuesto a las grandes superficies comerciales y del 15% en el de transporte de energía eléctrica de alta tensión, porque supondrá poco más de 800.000 euros. Y no se puede cuantificar aún el otro 15% adicional en el tributo que pagan las hidroeléctricas, porque solo se especifica en el avance de la propuesta que se aplicar "sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada".
