La Fundación Adislaf (Asociación de Disminuidos Psíquicos del barrio de Las Fuentes) ha traslado este viernes sus movilizaciones por un supuesto impago de la DGA de casi un millón de euros a las puertas de la Aljafería de Zaragoza coincidiendo con la celebración del debate sobre el Estado de la Comunidad en las Cortes de Aragón. "No es solo una cuestión económica, si no también de dignidad, nos desprecian olímpicamente y no quieren recibirnos y sentarse a una mesa con nosotros", ha asegurado el presidente de la entidad, José María López. Trabajadores de Adislaf, usuarios y familiares han protagonizado una batucada a las puertas del palacio de la Aljafería y han portado carteles en los que podían leerse eslóganes como '350 familias y 220 trabajadores ignorados por el Gobierno de Aragón', 'Broto y Gastón presenten dimisión' (en alusión a las consejeras de Ciudadanía y Economía, respectivamente) y '40 años luchando por nuestros hijos y hermanos. ¡Gobierno, entérate!'.

El gerente de Adislaf, José Francisco López, ha recordado que esta presunta deuda, que cifran concretamente en 955.800 euros proviene del retraso en el cobro de las subvenciones mensuales del salario mínimo interprofesional (SMI) de los trabajadores de los centros especiales de empleo, las plazas residenciales que están sin concertar desde 2019 y los "perjuicios" que han sufrido al excluir el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales a la Fundación "de manera unilateral" del concierto habitual en este sector.

La última ayuda al coste salarial de las plantillas de los centros especiales de empleo que han percibido corresponde al mes de marzo, aunque desde el Departamento de Economía del Gobierno aragonés se asegura que  hasta abril está pagado, y las cantidades correspondiente a mayo y junio ya se han tramitado desde el Inaem (Instituto Aragonés de Empleo) y están en Intervención. "En los últimos cuatro años el retraso en el abono de estas subvenciones era de cuatro y cinco meses, pero ahora llega a ocho. Es una demora muy importante de casi 231 día. Nos estamos convirtiendo en el proveedor con más morosidad del Gobierno de Aragón", ha denunciado el gerente de Adislaf.

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Acerca de la situación en la que se encuentra la residencia de la calle Comuneros de Castilla de la capital aragonesa, el presidente de Adislaf ha explicado que el Departamento de Ciudadanía les ha concedido una licencia provisional y que el juzgado ha admitido a trámite la querella por prevaricación presentada por este tema contra dos responsables de este área de la DGA. La autorización provisional para el centro residencial, que se emitió a finales de septiembre, establece un periodo de tres meses para que puedan subsanar las deficiencias detectadas en las instalaciones. Este centro asistencial, que lleva en funcionamiento desde 1988, cuenta desde julio de 2020 con la licencia de apertura del Ayuntamiento de Zaragoza.

Por otra parte, los responsables de Adislaf ha mostrado su preocupación por la publicación del nuevo anteproyecto de ley del Ministerio de Trabajo y Economía Social por el que se regulan los incentivos a la contratación laboral en los centros especiales de empleo ya que, consideran, supondría un retroceso para los trabajadores de este colectivo. En el mismo, han apuntado, se plantean recortes en las actuales subvenciones a este empleo protegido que supondría la destrucción de puestos. Adislaf emplea a 80 personas con discapacidad. En la Comunidad funcionan 71 centros especiales de empleo, que dan trabajo a unas 3.300 personas, de las que aproximadamente el 70% son hombres y el 30% mujeres.