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La recaudación por el impuesto de Sucesiones se dispara con los fallecimientos de Luengo y Rey

Hacienda cerró 2021 con 151 millones, mientras en 2020 y 2019 se quedó en 95 y 94, respectivamente. 

Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.
Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.
Guillermo Mestre

En solo ocho meses, el Gobierno de Aragón ha recaudado 116 millones de euros por el Impuesto de Sucesiones, una cifra insólita que se deriva de dos cuantiosas herencias. Y es que si hay un tributo totalmente impredecible es, sin duda, el de Sucesiones.

Los legados de Ángel Luengo Martínez (fallecido en agosto de 2021) y Antonio Rey, empresario aragonés fundador de las tiendas Muebles Rey que falleció en enero de este año, han disparado los ingresos por un impuesto que gestiona, a su voluntad, cada autonomía, pues tiene plena potestad recaudadora y normativa.

La ausencia de una armonización fiscal hace que algunas comunidades utilicen las bonificaciones para atraer capitales. El Impuesto de Sucesiones, que grava la transmisión de bienes y derechos por un fallecimiento, se paga en la comunidad donde estaba empadronada la persona en el momento de su fallecimiento, y Luengo y Rey lo estaban en Aragón.

De 2016 a 2021, el Ejecutivo autonómico ha ingresado 744 millones de euros a cuenta de Sucesiones, aunque con notables diferencias de un ejercicio a otro. Hacienda cerró 2021 con 151 millones, mientras en 2020 y 2019 se quedó en 95 y 94, respectivamente. Por la covid, se admitió que la tramitación del pago superara los seis meses.

En la evolución de la recaudación anual se refleja la bonificación que se incluyó en 2018 al pactar el PSOE con el centroderecha (PP, PAR y Cs) elevar el límite exento de tributación de 150.000 euros a 500.000, cuando la herencia se transfiere de padres a hijos o entre cónyuges. Cuanto más próximo es el heredero, menos obligaciones de pago tiene.

El Ejecutivo autonómico esperaba ingresar este año con Sucesiones 105,5 millones de euros, una cifra que se ha visto ampliamente superada. De hecho, los derechos reconocidos netos, que se refieren a los expedientes que están en tramitación, llegan ya a los 137 millones de euros. Y aún quedan cuatro meses para finalizar el año.

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