La DGA forzará que los pisos vacíos de los grandes tenedores en Aragón se alquilen a colectivos vulnerables
Soro confía en aprobar en seis meses la ley aragonesa que garantizará el acceso a la vivienda como un derecho subjetivo. La futura norma defiende la función social de los inmuebles.
El Gobierno de Aragón pretende que el acceso a una vivienda digna sea un "derecho subjetivo" y, para ello, quiere asegurar que ningún gran tenedor mantiene pisos desocupados si hay colectivos vulnerables que los necesitan. Estos son dos de los objetivos principales del proyecto de ley de vivienda que aprobó este miércoles el Consejo de Gobierno y que se deberá tramitar en las Cortes en un tiempo récord de seis meses para evitar que decaiga con el fin de la legislatura. Y los parlamentarios tendrán un arduo trabajo. Aunque el consejero de Vertebración de la DGA, José Luis Soro, hizo hincapié en que esta norma "ambiciosa" respeta "escrupulosamente" la Carta Magna y las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, hay cuestiones espinosas como la puesta en marcha del Registro de Viviendas Desocupadas o la prohibición de construir pisos con menos de 40 metros cuadrados que podrían ser recurridas a posteriori por sectores que se sientan perjudicados.
Al registro de pisos vacíos irán a parar viviendas de entidades financieras y sus sociedades inmobiliarias, de sociedades de activos y de grandes propietarios (los que tengan, al menos, quince inmuebles). Según figura en el artículo 79, se considerará que una vivienda está desocupada cuando permanezca vacía durante seis meses consecutivos en el curso de un año. Se aceptarán, como excepciones, que las condiciones materiales no permitan vivir en ella, que esté pendiente de la resolución de algún litigio que afecte a los derechos derivados de la propiedad o que esté ocupada.
Soro insistió en que "para cumplir la función social" de una vivienda hay que impulsar "medidas positivas de fomento, concertación y carácter social". Todo ello, en un intento de "conseguir movilizar el parque de viviendas vacías de mutuo acuerdo". Estos pisos desocupados deberán ser puestos a disposición de la Comunidad para que se puedan gestionar dentro de los programas sociales de alquiler con garantías. En el caso de no hacerlo, los propietarios serán sancionados.
Y es que la futura ley, que unificará todas las normas preexistentes, impone a los poderes públicos la obligación de proveer alternativas habitacionales a toda persona o unidad de convivencia de buena fe en situación de vulnerabilidad. Como adelantó HERALDO, esa buena fe excluye a los que habían optado previamente por la ocupación ilegal.
La norma apuesta por la mediación para evitar la litigiosidad para resolver conflictos relacionados con la vivienda. Fija, además, una serie de parámetros de habitabilidad y sostenibilidad, entre los que figura la prohibición de construir pisos de menos de 40 metros cuadrados cuando entre en vigor.
La norma fija instrumentos de planificación y regulación e incluye la creación del Observatorio de la vivienda de Aragón. El consejero de Vertebración abogó por "aumentar los parque públicos para facilitar pisos a los sectores de la población que tienen mayores dificultades; no solo a los vulnerables sino también a colectivos específicos como personas jóvenes".
La red pública de vivienda de Aragón quedará formada por todas las viviendas cedidas a las administraciones y se regulará el estatuto jurídico de la vivienda, con derechos, deberes, publicidad y contratos.
La norma incluye cambios importantes en la regulación de las viviendas de protección. Entre los más importantes figura que un piso público "nunca perderá ese régimen para evitar que se especule con él". Se creará, también, un registro de VPO y, en las adjudicaciones, se primarán los sorteos porque se considera que es el sistema más justo.
Soro insistió en que la norma recoge algunas de las políticas de vivienda que ya se impulsan desde su departamento. Citó, a modo de empleo, el plan para aumentar la vivienda de alquiler asequible que se está impulsando en el solar de La Merced en Huesca y las residencias para jóvenes de Pirineos y el Buen Pastor.
