"De primeras me negué a incapacitar a mi marido, luego me di cuenta de que era necesario"
Según fuentes jurídicas, en Aragón, durante el año pasado, se registraron 98 procesos sobre adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad y "casi la totalidad se suelen aceptar".
Hace más de una década, el marido de Gloria Gaudó le comentó que no recordaba los nombres de algunos compañeros de trabajo. Tras jubilarse, le diagnosticaron alzhéimer. "Lo primero de todo es asumir que tiene una enfermedad. De primeras es duro aceptarlo", reconoce.
Con el tiempo, su marido empeoró y Gloria consiguió entender que era necesario abrir un proceso sobre adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad. "De primeras, me negué cuando me aconsejaron incapacitar a mi marido, ¿cómo le iba a quitar de las cartillas bancarias? No lo veía viable. Luego me hicieron saber que era necesario para cualquier tipo de gestión porque llegó un momento en el que no era capaz de firmar. Y lo más importante, siempre iba a tener sus derechos y se iba a mirar por su bien", reconoce la mujer de 74 años.
"Es necesario hacer el proceso incluso para tomar decisiones sobre si operar o no a un familiar en caso de que no haya consenso o para ingresar en una residencia", cuenta al mismo tiempo que insiste en que "todo es por el bien del enfermo". Gloria asegura que ha recibido la ayuda de la Afedaz (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer) y de la fundación Federico Ozanam. "Es un proceso duro y largo, pero supone una tranquilidad difícil de describir", asegura Gloria.
"Es verdad que hay que pasar una serie de procesos como acudir al médico forense y al juicio. El juez fue muy comprensivo y decidí quedarme yo con la tutela. Tengo tres hijos, pero ya tienen suficiente con sus cosas. Yo estaba en plenas facultades y el juez se cercioró de ello", asegura.
Una vez al año, Gloria rendía cuentas. "Mucha gente me preguntaba si tenía que entregar todas las cuentas de las compras que hacía, pero no. Al final, el objetivo era que no hubiese vendido ninguna propiedad que fuese de los dos u otras cuestiones similares", cuenta.
Su marido falleció hace un tiempo y ahora, siempre que alguien le pide consejo, hace por ayudar. "Sigo acudiendo a charlas a Ozanam y si puedo echar una mano a alguien que está pasando por una situación así, tan complicada, estoy encantada de hacerlo", incide.
La psicóloga responsable del área de apoyo al cuidador de la Fundación Federico Ozanam, Vanesa Martínez, asegura que con este tipo de procesos suele haber sentimiento de culpa y remordimientos entre los familiares. En todo caso, recomienda seguir el proceso en el caso de que sea conveniente por la situación del enfermo. "Si el traumatólogo decide operar a una persona mayor y no están de acuerdo todos los hijos, el médico no tiene por qué llevar a cabo la intervención", sostiene
Carla Barrós, psicóloga de la Asociación Psicara, añade que es un proceso "muy duro" y que se puede asemejar al del "duelo". "Al fin y al cabo, cuanto más incapacitada está una persona, más facultades está perdiendo. No estamos ante la misma persona que antes. A pesar de ello, nunca se pierde ese amor por el familiar, y de ahí que nos responsabilicemos", argumenta. .
Según fuentes jurídicas, en Aragón, durante el año pasado, se registraron 98 procesos sobre adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad y "casi la totalidad se suelen aceptar". Hasta el momento, en 2022 se han celebrado 55 asuntos.
El proceso jurídico que hay que seguir comienza con una solicitud ante los juzgados. "En ese momento se tienen en cuenta numerosas cuestiones. Si la persona no tiene todas las capacidades cognitivas mermadas, el juez cuenta con su opinión. Finalmente, dictamina en qué actos concretos de la vida se va a ayudar al discapacitado y qué personas van a prestar ese apoyo", explica Marta Gil, abogada de familia y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Zaragoza.
Poderes preventivos
En 2021, cerca de 14.000 personas otorgaron un poder en previsión de una futura situación en la que no pudieran decidir por sí mismas. La demanda por los ciudadanos de este tipo de poderes ha crecido un 77% de 2017 a 2021, y un 21% en el primer semestre de 2022. En Aragón, se realizaron 305 procesos en 2021, mientras que en 2020 la cifra no superó los 200. Solo en el primer semestre de 2022, se han otorgado 221 poderes.
Un poder preventivo es un documento público autorizado por un notario que permite a una persona designar a otra u otras conforme a su voluntad para que actúen representando sus intereses, en caso de que llegase a estar en una situación en la que no pudiera decidir por sí misma. De este modo, se evitaría el proceso judicial de provisión de apoyos. Esta fórmula jurídica es cada vez más demandada por los ciudadanos, que acuden a las notarías para asegurar que su voluntad prevalecerá en el futuro. "El notario recogerá los poderes preventivos de una persona que no tiene plena conciencia de estar haciéndolo", asegura Marta Gil.
Envejecimiento de la sociedad
"El envejecimiento de la sociedad es uno de los retos más determinantes de este siglo desde el punto de vista demográfico, sanitario, político, económico y jurídico. En los próximos años no solo aumentará la población en edad avanzada, sino que también viviremos más. Ser conscientes de esta realidad y tomar decisiones en el ámbito personal y patrimonial para asegurar nuestro bienestar es esencial para vivir mejor y más tranquilos", explica Maria Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado.
