Aragón ingresa por el cobro de impuestos unos 2.000 millones al año, el 5,6% del PIB

La DGA encara un mes clave para incluir la reforma fiscal en los presupuestos, con el tramo autonómico del IRPF de las rentas bajas como la rémora principal.

Oficinas de la Agencia Tributaria en Zaragoza.
Oficinas de la Agencia Tributaria en Zaragoza.
Guillermo Mestre

El Gobierno de Aragón encara un mes decisivo para afrontar la reforma fiscal e incluirla en los presupuestos de 2023. Aunque intentó ponerse de perfil en la ‘batalla’ autonómica por liderar la bajada de impuestos, la entrada de gobiernos socialistas en la ‘pelea’ ha hecho que se replantee una estrategia que se limitaba hasta ahora a la concesión de ayudas a los vulnerables. No es una cuestión baladí. Aragón recauda al año 1.988 millones a través de los impuestos, sin incluir el IVA, unos recursos imprescindibles para garantizar la prestación de los servicios. Representan el 5,6% de su Producto Interior Bruto (PIB), por debajo de la media española (6,9%), una cifra que, sin llegar al 4,92% de Castilla La Mancha, queda muy lejos del 9,64% de Canarias y el 8,66% de Baleares, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda.

En competitividad fiscal, el tramo autonómico del IRPF es la principal rémora, ya que Aragón figura entre las comunidades que más gravan a los contribuyentes con ingresos inferiores a los 45.000 euros. De ahí que PP y Cs lleven semanas pidiendo la deflactación del IRPF, una medida que prevén adoptar siete comunidades y que consiste en modificar los tramos que hacen pasar a los contribuyentes de un tipo a otro.

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Un informe del Consejo General de Economistas constata con varios ejemplos el impacto del IRPF en Aragón. En el caso de un contribuyente soltero sin hijos y menor de 65 años, si cobra hasta 45.000 euros solo en Cataluña resultaría más penalizado. A partir de 110.000 euros, la Comunidad oscilaría entre la séptima y la duodécima posición según los tramos.

Hasta el 10 de octubre pueden remitir los partidos al consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, propuestas fiscales que permitan "dar respuesta a las preocupaciones de los aragoneses, sin demorarse en el tiempo". Así figura en la carta que envió a los portavoces para dar cumplimiento a "la necesidad de repensar la fiscalidad aragonesa, proyectándola al futuro y garantizando la prestación de los servicios públicos".

Aunque se busca "alcanzar el mayor consenso posible", el presidente Javier Lambán antepone sellar un acuerdo en el cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) antes que recurrir al apoyo externo de PP y Cs.

De los 1.988 millones que ingresa Aragón por tributos al año, 290 corresponden a impuestos sobre productos e importaciones, otros 99 millones por el capital (Sucesiones) y los 1.599 restantes por el trabajo, de los que 1.550 se derivan del IRPF y 49, de Patrimonio. En 2016, el total de ingresos por impuestos (IVA excluido) se limitaba a 1.670 millones de euros.

Si la DGA siguiera la estela del Estado, sería el IRPF el modificado. Es de esperar que tanto IU, en la oposición, y Podemos y CHA, en el Gobierno, defiendan la progresividad fiscal, argumento que chocará con la postura del PAR, su socio, y de PP, Cs y Vox, que pedirán un alivio fiscal para todos.

La incógnita es saber dónde se situará el PSOE de Lambán; si en la línea del valenciano Ximo Puig, el más audaz, que ofrece una rebaja fiscal en el IRPF a las rentas por debajo de 60.000 euros, o en la del extremeño Guillermo Fernández Vara, más contenido, que se limita a una "bajada histórica" de los precios y tasas públicos.

La decisión de la DGA se debe acompasar, en todo caso, a la tramitación del presupuesto para 2023. Y los plazos empiezan a ser ajustados. La remisión de propuestas acaba el 10 de octubre, hay que negociarlas e incluirlas en el proyecto de ley que debería llegar a las Cortes un mes después, si pretenden que entre en vigor el 1 de enero. Si se opta por modificar el IRPF, el cambio debería figurar en esa norma. Lo mismo ocurriría si se decidiera elevar el límite exento en Patrimonio (400.000 euros), pues Aragón es la Comunidad que más penaliza a quienes tienen más de 800.000 euros y el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas solo afecta a los que superan los tres millones.

El PP, que hasta ahora ha sido el más insistente en pedir la bajada de impuestos, prefiere no desvelar aún su propuesta. En Cs, José Luis Saz aboga por que afecte a las clases medias, "las que sostienen la recaudación tributaria", y pide la "deflactación de la tarifa del IRPF para ajustarla al incremento de los precios". Solicita, además, reducciones en los precios públicos de las residencias, los comedores y las ITV. Vox insiste en la rebaja de la carga impositiva y en recortar "el gasto superfluo de una estructura ineficiente". Álvaro Sanz, de IU, quiere hablar del conjunto de los impuestos para " garantizar avances en progresividad fiscal" y de fiscalidad ambiental, "que se suban los impuestos a las rentas más altas a la par que hablamos de bajarlos en los tramos medios y bajos de renta". No cabe, en su opinión, bajar Patrimonio y pide que se replanteen las deducciones de Sucesiones.

El debate se prevé intenso; sobre todo, porque se abre a ocho meses de las elecciones y afecta a una de las "discrepancias pactadas" en el cuatripartito trasversal.

La recaudación de enero a julio supera los 1.221 millones

Los principales impuestos, sin incluir el IVA, han reportado al Gobierno de Aragón 1.221 millones de euros de enero a julio de este año, según figura en el portal de transparencia. Es el IRPF el tributo por el que más dinero se ingresa, 913 millones en lo que va de año, seguido por Sucesiones, que este 2022 se ha disparado con una recaudación que supera los 104 millones de euros. Patrimonio se mantiene estable con unos 45 millones de euros. Solo en 2018 se elevó hasta los 66. Transmisiones Patrimoniales, con 101 millones en siete meses, evoluciona por encima de lo esperado.

Con una financiación autonómica que no compensa el sobrecoste que asume la DGA en la prestación de servicios, el cobro de impuestos afianza el Estado del bienestar. Pero la inflación asfixia a las familias, y las autonomías empiezan a rebajar la presión. Van en descenso los ingresos por IVA y podría reflejar que se frena el consumo.

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