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El Gobierno de Aragón instala placas fotovoltaicas en los edificios judiciales

La Dirección General destina 555.528 euros para fotovoltaicas con una potencia superior a los 400 KW.

Instalación fotovoltaica y protecciones solares del torreón de la escalera en La Almunia de Doña Godina
Instalación fotovoltaica y protecciones solares del torreón de la escalera en La Almunia de Doña Godina
DGA

El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un programa para la instalación de energía fotovoltaica con una potencia superior a los 400 KW en los edificios judiciales de la Comunidad por un importe de 555.528 euros.

De ellos, 285.000 euros han sido captados del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), según informa el Gobierno de Aragón, que añade que la previsión es que las instalaciones fotovoltaicas entren en funcionamiento a finales de año.

Se trata de los edificios judiciales de la Ciudad de la Justicia y la Audiencia Provincial en Zaragoza, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (IMLA), los Juzgados de Tarazona, Jaca y Monzón y la ampliación de las instalaciones del Palacio de la Justicia de Huesca.

Por otro lado, el juzgado de La Almunia cuenta ya con la instalación terminada y en funcionamiento y el edificio que alberga los juzgados el de Ejea de los Caballeros tiene la puesta en servicio programada en noviembre, ambos adjudicados por un contrato menor que asciende a 23.670 euros.

La Directora General de Justicia, María Ángeles Júlvez, ha explicado que “las ayudas gestionadas impulsan el plan estratégico de eficiencia energética iniciado por el Gobierno de Aragón hace tres años”, con el que se llevó a cabo la implantación de fotovoltaicas en el Palacio de Justicia de Huesca en 2019, que se amplía ahora, y la instalación completa de Fraga, que se ha puesto en marcha el pasado marzo.

La instalación en la sede judicial de Fraga ha producido un ahorro medio del 30 % en la factura eléctrica, según Júlvez, quien ha apuntado que “no todos los edificios son susceptibles de instalaciones fotovoltaicas, como ocurre en los tres partidos judiciales de la provincia de Teruel (Alcañiz, Calamocha y Teruel), en los que no se puede incorporar este tipo de energía por ser edificios protegidos”. 

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