El tsunami provocado por el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, tras suprimir el impuesto de Patrimonio, ha llegado a Aragón. El presidente de la DGA, Javier Lambán, ha manifestado este martes que es “de sentido común que no haya excesivas diferencias entre la presión fiscal de las comunidades”, eso sí, siempre y cuando se “respete la autonomía” de los territorios.

La decisión del Gobierno andaluz, que busca competir con Madrid, donde no se aplica este impuesto desde hace años, y con el resto de territorios para atraer a grandes fortunas e inversiones, ha desatado las críticas de buena parte de los grupos parlamentarios del Congreso por “competencia desleal” con el resto de comunidades. E incluso el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha propuesto -a título personal- centralizar impuestos para evitar tal “despropósito”.

Tras esta postura de un miembro del Gobierno central, Lambán ha advertido que “cualquier acuerdo de esa naturaleza, que puede ser bueno en sí mismo, debe producirse en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y debe tener como principales protagonistas a las comunidades autónomas”.

El impuesto de Patrimonio grava las rentas más altas y tiene como objetivo la redistribución de la riqueza. El umbral a nivel nacional se fija a partir de bienes y derechos económicos de los contribuyentes superiores a los 700.000 euros, excluyendo la vivienda habitual que no supere en valor los 300.000, pero cada comunidad autónoma puede regularlo a su gusto. 

En Aragón, el límite se fija en 400.000 euros, y su recaudación aporta 50 millones de euros a las arcas autonómicas, procedentes de 14.000 contribuyentes con alto poder adquisitivo. Sin embargo, otros territorios como Madrid lo bonifican al 100%, entre acusaciones de 'dumping' fiscal por parte de otras comunidades.

Ahora, Andalucía, con un presidente del PP al frente y el respaldo de su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y del partido, se suma a esta senda para atraer a grandes fortunas. Moreno incluso aludió específicamente a los inversores de Cataluña. "No nos vamos a independizar nunca porque estamos orgullosos de nuestra tierra", le apeló.

En cambio, desde el Gobierno central recuerdan que la medida solo beneficia al 0,2% de los andaluces y que suprimir el impuesto de Patrimonio repercutirá en la prestación de servicios como la sanidad, la educación o la extinción de incendios.