Intervención achaca al Salud que Aragón dilate a 46 días el pago a sus proveedores
El "problema" que arrastra en la liquidación de las facturas en plazo lastra a la Comunidad, que volvió a ser en junio la que más tarde finiquitó sus deudas.
Aragón es la comunidad que más tarde paga a sus proveedores. Con 42,5 días de media es, con Asturias, la región que peores indicadores presenta. Y la cifra, en el mes de julio, con 46,59 días, es todavía peor. Así lo detalló este lunes en las Cortes la interventora general, Ana Gómez, que compareció ante la Comisión de Hacienda, a petición del PP, para explicar las causas y la evolución en lo que va de año. A pesar de que está claro que "somos los peores de la fila", aseguró que la situación "no es tan fiera como se pinta", porque "no es una situación generalizada". El problema, en su opinión, está muy focalizado en Servicio Aragonés de Salud, y hay que "atacarlo" en el futuro si se quiere rebajar el promedio.
El Salud concentra entre el 60% y el 70% de los pagos de la Comunidad, con facturas mensuales en farmacia que rondan los 35 millones de euros. Cualquier incidencia tiene un impacto directo en las cifras de la autonomía. En julio, el periodo medio de pago de este organismo público se disparó a los 55 días, y el de Aragón llegó a los 46,5. Si se eliminara el Salud de la ecuación, la interventora aseguró que la cifra se rebajaría a 25 días.
Muy preocupada se mostró la portavoz de Hacienda del PP, Carmen Susín, con estas cifras. Además de pagar a 55 días, el Salud tiene una ratio de operaciones pendientes de más del 65%, lo que implica que "de cada 10 facturas del Salud solo cuatro se pagan en ese plazo de 55 días".
Ana Gómez desvinculó los malos datos de la gestión de intervención. "Somos técnicos y no tenemos que lavar la cara a nadie", recordó. Ante las dudas de Susín y José Luis Saz, de Cs, se mostró convencida de que más que tensión en la tesorería hay "un problema de gestión". "En la tramitación de los expedientes de gasto, en la Administración tenemos ciertas dificultades", reconoció.
Para entender por qué Aragón está a la cola en el pago de proveedores a nivel nacional, la interventora explicó los cálculos ponderados que se utilizan para definir el periodo medio de pago. "No significa que se pague a todos los proveedores en un plazo tan dilatado", clarificó.
Así, de las 65 entidades que conforman la Administración en Aragón, solo trece, encabezadas por el Salud, incumplen los plazos. En el caso la Administración General de Aragón, que paga a 32,55 días, solo ‘suspendió’ en julio la Consejería de Educación en la que, según explicó la interventora, "tiene un conjunto de facturas de volumen importante que se dilataron en su tramitación en los meses previos". Los demás departamentos han mejorado sus datos, gracias a las medidas de control que se han ido adoptando.
Aunque las alarmas saltaron en enero de 2022, lo cierto es que la serie histórica revela que, desde enero de 2020, "Aragón ha incumplido sistemáticamente el periodo medio de pago" excepto en tres meses de 2021. En 2020, Gómez explicó que entonces pensó que se debía a la covid y a que era un año especial. La situación se recondujo en el segundo trimestre de 2021, pero se cerró el año con tasas de incumplimiento y altibajos, que iban a más en 2022.
Para atajar el problema, se realizó un análisis del registro contable de facturas y se pidió a los gestores que depuraran los datos. Constataron que había facturas de antigüedad elevada, y se dedujo que no se tenían que pagar, así que se devolvieron o se dieron de baja. Desde Intervención se empezó a comunicar a cada departamento su grado de cumplimento mensual. Todos mejoraron sus cifras menos uno, el de Educación.
Ahora se remite a los departamentos las facturas que tienen pendientes de pago más de 30 o 60 días para que las liquiden, porque están entre la que más penalizan. A través de un correo electrónico, se remitió a los secretarios generales técnicos una instrucción de 2016 que permite liquidar las facturas en apenas 20 días.
En las pequeñas facturas, Intervención estima que no suele haber problemas con los documentos de pago. Pidió por ello a las Cortes que en la Ley de simplificación administrativa incluyan una modificación de la Ley de Hacienda para se exima la fiscalización de las facturas de menos de 3.750 euros. Para simplificar el proceso de convalidación de facturas se adoptó otra instrucción, la 1/2022, que limita más los plazos.
De cara al futuro, Gómez propuso, si hay fondos y personal, automatizar el pago de las facturas y hacer un seguimiento automatizado a través de un cuadro de mandos de las que tengan más de 30 o 60 días. Todo como un nuevo intento de rebajar los plazos.
