El ‘Gran hermano’ de la ganadería
Las actividades de los mataderos tendrán que estar controladas por un sistema de videovigilancia. Una obligatoriedad que no ha pillado desprevenido al sector, que "hace años" que cuenta con este sistema.
A los grandes operadores del sector cárnico, a las organizaciones empresariales que los representan y las interprofesionales de las que forman parten no les ha pillado de sorpresa la aprobación del decreto ley que convertirá a los mataderos españoles en los primeros de la Unión Europea en disponer de manera obligatoria de sistemas de videovigilancia con los que garantizar el bienestar de los animales y la seguridad alimentaria. Y no les ha sorprendido porque ya en 2021 distintos representantes del Ministerio de Consumo y de la propia Agencia de Seguridad Alimentacia Aesan les había anunciado sus intenciones.
La norma no les preocupa y los plazos para cumplirla mucho menos, porque el sector ya está preparado y en las grandes empresas, aseguran sus representantes, hace años que se han adelantado a esta normativa instalando dichos equipos en todas sus instalaciones. Lo hacen no solo para dejar constancia de su decidido compromiso por el bienestar animal, no solo para demostrar que son numerosos los que lo hacen a la perfección y se trata de "casos aislados y puntuales" aquellos que tanto revuelo mediático han causado al difundirse videos captados con cámaras ocultas para denunciar abusos en el proceso de sacrificio de los animales. Pero, sobre todo, lo hacen, para ser más competitivas y ofrecer a sus clientes la seguridad total de un trabajo que cumple los más altos estándares de bienestar.
Esa realidad será ahora una obligación, sea cual sea el tamaño del matadero. El cuándo, dónde y cómo cumplir la normtiva ya está negro sobre blanco. El Consejo de Ministros aprobaba el pasado martes el real decreto que obliga a los mataderos a instalar cámaras de videovigilancia para controlar del bienestar animal en los mataderos. Un día después ya se había publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pero su entrada en vigor no se producirá hasta agosto del próximo año porque el Ejecutivo ha decidido dar un plazo de un año para que los mataderos más grandes se adecúen a esta norma. Este periodo se extiende a dos años para las "pequeñas instalaciones", aquellas que sacrifican un máximo de 2.000 UGM por año.
Según las estimaciones del Gobierno, serán alrededor de 700 los mataderos que se verán afectados por esta norma en todo el país.
Con ella, España se convierte en un país pionero en la Unión Europea, al ser en primero en establecer como obligatorias estos sistemas de control (SVBA). Hasta ahora solo han hecho el Reino Unido, Israel y Escocia.
Dos años lleva el Ministerio de Consumo tramitando este real decreto, en el que asegura que también ha participado el sector. Su puesta en marcha, insisten desde el Departamento que lidera Alberto Garzón, está justificada por "la necesidad de garantizar el bienestar animal durante la descarga, el traslado, la estabulación y el aturdimiento de los animales, y mejorar las garantías de seguridad alimentaria para los consumidores". Y, además, explican representantes ministeriales, es una obligatoriedad reclamada por las organizaciones de consumidores y por las asociaciones de defensa de los animales, pero también por la industria, "que quiere ese prurito de calidad".
Diversos son los motivos que han llevado al Gobierno a elaborar un decreto ley por el que se establecen las medidas de control del bienestar de los animales en los mataderos mediante la instalación de sistemas de videovigilancia, como reza el nombre de la propia normativa. El primero de ellos, asegura en el texto la norma publicada ya en el Boletín Oficial del Estado, porque el bienestar de los animales es un valor recogido en numerosa normativa, empezando por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que exige a los Estados miembros que respeten a los animales como "seres sensibles". Un concepto que se aplica en numerosas leyes españolas en lo que se refiere al cuidado de animales, a su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.
Pero el decreto ley se justifica también, según el Ejecutivo, porque "el bienestar animal es una cuestión de creciente interés público que influye en la población a la hora de elegir los productos que consume". Y aún más, recoge la norma, porque asegurar el bienestar animal en el momento del sacrificio añade competitividad a la producción de carne, que gana en calidad y tiene además un efecto positivo -aunque sea indirecto- en la seguridad laboral de los trabajadores que se encargan de estas tareas.
Todos estos objetivos se traducen en una obligación, la que tendrán que cumplir todos los mataderos españoles, tanto si tienen grandes dimensiones como si son pequeños -aquellos que no sacrifican más de 40 unidades de ganado mayor (UGM) por semana, con un máximo de 2.000 UGM por año-, e incluso si estas instalaciones son móviles.
No tendrán que hacerlo de la noche a la mañana. Los de mayor tamaño tendrán un año para adaptarse a la norma, un periodo que se flexibiliza para las instalaciones menores, que no estarán obligadas a disponer de estos sistema de videovigilancia hasta pasados dos años desde la publicación del real decreto en el BOE, el pasado 23 de agosto.
Las cámaras deberán abarcar las estancias en las que se encuentren animales vivos, incluyendo las zonas de descarga así como los pasillos de conducción y las zonas donde se proceda a las actividades de aturdimiento y sangrado hasta la muerte de los animales. No serán, sin embargo, obligatorias en las zonas de espera donde se encuentran los medios de transporte con animales vivos antes del inicio de la descarga. Hay, sin embargo, un requisito ineludible en este caso, porque las empresas tendrán que llevar un control del tiempo que los animales permanecen dentro de los vehículos en dichas zonas.
Cuando en el matadero se sacrifican aves o porcinos, las cámaras tendrán que permitir la grabación del escaldado -técnica utilizada en pollos para facilitar el desplumado y en cerdos para ablandar el cuero del cerdo para hacer más fácil su depilado-. El objetivo es que se pueda comprobar en las imágenes que los animales que se someten a esta operación no presentan en ese momento ningún signo de vida.
Imagen "completa y clara"
La norma exige que las cámaras proporcionen una imagen "completa y clara" de cada zona. Para ello tienen que cubrir todas las áreas del matadero donde se encuentren animales vivos y no se permite la existencia de puntos ciegos que impidan la obtención de una imagen completa. Además los dispositivos tienen que estar también instalados en áreas de difícil acceso para el personal incluyendo espacios reducidos, instalaciones que componen el sistema de aturdimiento y en el punto de entrada a la zona de escaldado en aves y porcino así como en la zona del inicio del faenado para el resto de especies.
Las imágenes que proporcione el sistema deben tener una resolución suficientemente nítida como para identificar a las personas y las manipulaciones que efectúen, los equipos y los animales. Y deben garantizar una visualización clara en áreas con poca iluminación, como en las líneas de suspensión de las aves de corral en los ganchos. Tienen que estar en funcionamiento en todo momento en las instalaciones en las que se encuentren animales vivos en el matadero, pero también grabar la descarga de animales fuera del horario laboral habitual, así como generar grabaciones lo más cercanas posible a tiempo real (mínimo quince imágenes por segundo).
Además, dice la norma, el sistema de control del bienestar animal tiene que ser capaz de generar imágenes para su comprobación en tiempo real o después de ser grabadas, sin detener el funcionamiento general del sistema. Es obligatorio además que quede registrada la fecha, hora y ubicación de las grabaciones tomadas.
Estos sistemas están previstos para poder comprobar que allí donde intervienen trabajadores con animales vivos estos cumplen con la normativa vigente, pero debe respetar en todo momento la intimidad de los operarios. Por eso, no se instalarán cámaras en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los empleados, como son los vestuarios, aseos y comedores o zonas de descanso. Tampoco podrán grabarse sonidos.
Además, se tendrá que informar a los trabajadores y a sus representantes sindicales "por escrito, con carácter previo y de forma expresa, clara y concisa" de la existencia y las condiciones que el sistema de videovigilancia instalado en el matadero.
Un mes grabadas y guardadas
Un mes (desde el momento en que fueron captadas) es el tiempo que tendrán que mantenerse grabadas y debidamente almacenadas aquellas grabaciones registradas por el sistema de videovigilancia. De ello se ocupará el "operador de matadero", el responsable al que la nueva norma responsabiliza de la custodia de unas imágenes, que, como señala el decreto ley, "se trata de una información sensible que pueden tener una importante repercusión en la imagen de la empresa y de los trabajadores".
Es también tarea del operador garantizar la confidencialidad de la información obtenida por las cámaras y asegurar que los registros a conservar sean originales o bien copias debidamente autentificadas. Y tendrán que realizarse acuerdos contractuales en los que se deje bien claro que se cumplirán estas obligaciones cuando los servicios del sistema de vigilancia sean contratados a empresas externas.
El buen funcionamiento y la limpieza de las cámaras es también una responsabilidad del operador de matadero. Es él quien tiene que ocuparse de que existen programas por escrito adecuados para la revisión, mantenimiento y limpieza de los dispositivos, que además tienen que estar dispuestos de la manera más accesible posible para facilitar su mantenimiento, a la vez que deben estar protegidos, en la manera de lo posible, frente a cualquier posible daño, salpicaduras o vapores. Se exige además que el operador disponga de un plan de actuación que contemple la reparación de cualquier avería en el menor tiempo posible. Incluso, dice la norma, si esto no fuera posible la sustitución de los equipos averiados tiene un plazo máximo: diez días desde que se produjo el fallo.
Las organizaciones animalistas, que reclamaban desde hace tiempo la obligatoriedad de que los mataderos instalarán cámaras que controlarán el cumplimiento de las exigencias de bienestar animal, aplauden esta norma, impulsada por el Ministerio de Consumo, cuya aprobación consideran "un éxito".
Aseguran que el decreto ley, que, según recoge el texto tiene como finalidad establecer unas condiciones homogéneas en todo el territorio español tanto desde el punto de vista de la salud y el bienestar de los animales como el de evitar que generen distorsiones que afecten al mercado interior, mejorará los mecanismos de control en "un punto fundamental" como son los mataderos. "Las videocámaras permitirán detectar las posibles deficiencias a tiempo y corregirlas", destacan desde la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (Anda), que insiste en que "en casos puntuales de sospechas de prácticas ilegales servirán para que las autoridades competentes puedan obtener información veraz e inmediata de las circunstancias que pudieron provocar el problema".
Más transparencia y más confianza al consumidor
Las empresas del sector cárnico han recibido el real decreto con "total normalidad". No muestran inquietud alguna por la obligatoriedad a la que hace referencia la nueva norma, porque la inmensa mayoría de las mismas ya tienen cámaras instaladas desde hace años y de manera voluntaria en las instalaciones en la que realizan todo el proceso productivo.
Lo dice la interprofesional del porcino de capa blanca (Interporc), que se muestra "satisfecha" por la aprobación del Real Decreto que establece normas para el control del bienestar de los animales en los mataderos mediante la instalación de un sistemas de videovigilancia, medida que llevan aplicando desde tres años las empresas que cuentan con la certificación Interporc Animal Welfare Spain (IAWS). Y es que, el reglamento de dicha certificación obliga a la instalación de cámaras, por lo que aunque es de adhesión voluntaria, desde su creación las empresas porcinas lo han ido incorporando rápidamente, hasta el punto de que más del 60% de la producción de porcino ya está certificada, explican desde la interprofesional. Entre ellas se encuentran los grandes grupos del porcino aragonés o con presencia en la Comunidad, como son Grupo Jorge, Grupo Costa, Litera Meat, Mazana Piensos Compuestos, Vall Companys, Sociedad Ganadera de Cuarte, Ingaporc, Explotaciones Bajo Aragón, Cuarte S. L, o Aragonesa de Piensos.
"Esta ley sirve para confirmar el trabajo que desarrollan con transparencia mataderos, industrias y granjas para dar una respuesta anticipada a las demandas de los nuevos consumidores", señala el director de Interporc, Alberto Herranz. Considera además este real decreto "no es más que una gran oportunidad para demostrar el compromiso del sector con el bienestar animal".
Casi con los mismos argumentos se manifiestan desde la Asociación Interprofesional de Carne Avícola (Avianza) y desde la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), que muestran su apoyo "a todas las medidas que garantizan el bienestar animal". Ambas coinciden también en que son numerosas las empresas del sector que cuentan con estos sistemas. "Nuestras salas de transformación, granjas, centros de producción y todo el ecosistema de empresas están cada vez más profesionalizados y tecnificados para abordar este tema que se ha convertido en una prioridad para todos. Nosotros llevamos años mostrando de forma transparente al consumidor que nuestro sector cumple más allá de los principios marcados por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y de la UE", asegura Avianza.
Anice explica que ya en marzo su junta directiva aprobó solicitar a la administración las modificaciones legislativas necesarias para asegurar la instalación de cámaras de vigilancia en los mataderos. Una iniciativa que surge "por la preocupación de Anice y del sector de los mataderos por el impacto que las escasas y esporádicas malas prácticas que algunos hacían, tenían sobre la imagen global del sector", añade la organización empresarial.
"En Costa Food Group apoyamos todo tipo de normativas que contribuyan a tener más transparencia y confianza con el consumidor", explican desde el grupo empresarial aragonés con presencia en 11 comunidades autónomas. La compañía con origen en la localidad oscense de Fraga se muestra satisfecha con la aprobación de la ley porque, como señalan, en este aspecto ya van por delante. No solo cuentan con exigentes normas internas de bienestar animal, sino que estas tienen el respaldo de varias certificaciones oficiales, como la Welfair™ certificada por Aenor o la Interporc Animal Welfare Spain (IAWS) de bienestar animal y bioseguridad. "El bienestar animal es una prioridad para nuestro grupo porque afecta de manera transversal toda la base sobre la que se construye nuestra cadena productiva y, en este aspecto, estas certificaciones abarcan toda esa cadena, del campo a la mesa", aseguran desde el grupo.
Fuentes de la compañía catalana Vall Companys, que cuenta con cinco empresas en Aragón y dispone de los certificados de Inteporc y Aenor, así como de los grupos turolenses Térvalis y Arco Iris coinciden en señalar que no les preocupa el decreto porque "hace años" que sus instalaciones disponen de sistemas de videovigilancia para el control del bienestar animal. "El sector y los grandes operadores van muy por delante de la normativa", explican desde este grupo catalán, que asegura que estas herramientas "contribuyen a dar mejorar la competitividad a las empresas y dar mayor confianza a los consumidores", matizan desde el grupo catalán.
