aragón
Aragón recibe 20 millones para dependientes, el 4,1% del total nacional
La distribución territorial tiene en cuenta entre los criterios de reparto la reducción de las listas de espera de esa comunidad, la mejora de la calidad del empleo en el sector y la calidad de las prestaciones y servicios.
El Gobierno ha aprobado el reparto por comunidades autónomas de 483 millones de euros para la financiación de la atención a las personas en situación de dependencia, de los que 20 corresponden a Aragón, un 4,1% de total.
La distribución territorial del nivel acordado aprobado este martes por el Consejo de Ministros tiene en cuenta entre los criterios de reparto la reducción de las listas de espera de esa comunidad y la mejora de la calidad del empleo en el sector, así como de la calidad de las prestaciones y servicios.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha destacado el aumento, tanto en las cuentas de 2021 como en las de 2022, de las cuantías que aporta a las comunidades para la atención de personas en situación de dependencia.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha recordado que el Ejecutivo ha revertido los recortes en dependencia de las legislaturas previas y duplicado prácticamente la inversión estatal en apenas dos años, alcanzando partidas históricas.
Por otro lado, la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, pidió hace unos días en la reunión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales, convocada por el Gobierno central para modificar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que se retire una iniciativa "oportunista y carente de consenso" y se tramite "un verdadero proyecto de modificación que enfrente los retos actuales y de inmediato futuro, dando a los afectados el máximo grado de libertad de elección".
Dancausa insta al Gobierno de España a garantizar la libre elección de centro en esta norma. Así, ha manifestado su "perplejidad" ante la intención del Ejecutivo central de realizar una reforma de calado de la ley, dando a las comunidades autónomas solo tres días de plazo para su estudio y "sin acompañar la propuesta de la mínima valoración económica ni avalada con un presupuesto con el que se financie estos cambios legislativos".
