El Ministerio avala la Travesía Central con más estudios pero no varía el plazo

El sueño latente de una conexión ferroviaria con Europa a través de Aragón empieza a desperezarse. Tras perder la condición de proyecto prioritario para la UE hace una década, en los últimos meses grupos de expertos, ‘lobbys’ económicos y formaciones políticas han vuelto a poner encima de la mesa el debate de la ansiada Travesía Central Pirenaica (TCP). El movimiento, propiciado por las nuevas necesidades logísticas y energéticas en el continente, fue respaldado hace unos días por el Gobierno central, que mostró su «compromiso innegable» con la infraestructura y anunció nuevos estudios, eso sí, sin variar el horizonte de ejecución para 2050.

«Estamos convencidos de la necesidad de permeabilizar la barrera pirenaica», aseguró en el Senado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en respuesta a una interpelación del representante del PARen la Cámara Alta, Clemente Sánchez-Garnica. A juicio de la socialista, los pasos de las fachadas mediterráneas y atlánticas «están separados por 500 kilómetros, una distancia excesiva», por lo que reclamó «conexiones interoperables y con capacidad suficiente en el Pirineo central».

La ministra apuntó que la infraestructura supondría la creación de «un gran eje ferroviario de entre 120 y 150 kilómetros de longitud», de los que «el 60% o 70%» serían bajo tierra. Una obra de «envergadura» y «mucha complejidad» con unos «costes muy variables por incertidumbres aún por aclarar» como el trazado elegido, por lo que mantuvo las expectativas en el «medio y largo plazo». De hecho, la revisión del reglamento de la red transeuropea que se debatirá el próximo año no contempla modificar las fechas previstas.

En cambio, cada vez más voces reclaman acelerar el proceso en un contexto geoestratégico como el actual en el continente, donde el conflicto armado en Ucrania ha agudizado las necesidades energéticas y logísticas entre los países miembros. Una reciente publicación del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa aboga por volver a incluir la TCP en la red transeuropea de transportes, de la que formaba parte como prioridad hasta que en la revisión de 2011 se quedó fuera y, con ello, sin la imprescindible financiación de la UE.

Entre otras conclusiones, los responsables del estudio, presentado en mayo en el Pignatelli, señalan que el corredor es «factible» técnicamente y «coherente» con el desarrollo sostenible, solventaría el «cuello de botella» en el Pirineo y el «riesgo económico y de seguridad» de depender de La Junquera e Irún.

El mismo punto de vista defienden desde la Alianza Europea para el desarrollo de corredores ferroviarios que vertebren la Península Ibérica y su conexión con Europa, un ‘lobby’ de reciente creación que aglutina a colegios profesionales, cámaras de comercio, instituciones académicas y colectivos como Aragón Exterior.

Vertebración

«Tenemos que apoyar a todas las administraciones implicadas para que la voluntad política cambie», defiende Salvador Galve, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (Coiiar), y uno de los impulsores de la Alianza. «Vamos a crear una estructura organizativa para ir a Europa a defender el proyecto», añade, y recuerda que mientras Italia tiene siete pasos transfronterizos España solo cuenta con dos.

Durante su interpelación, Sánchez-Garnica advirtió de que «la situación actual obliga a reflexionar sobre la necesidad de una salida a Europa por el centro de los Pirineos». El senador reiteró que «es oportuno y pertinente rescatar» un proyecto con ventajas logísticas, estratégicas y de seguridad, y que «ayudaría a luchar contra la despoblación» y «reducir las emisiones de CO2».

La ministra recogió el guante y explicó que España y Francia pactaron la prórroga de cinco años de la Agrupación Europea de Interés Económico que trabaja para impulsar este proyecto. «Se va a desarrollar un nuevo programa de estudios con expectativas de financiación en el marco del Mecanismo Conectar Europa», apuntó Sánchez, que no obstante recordó que los «avances» de esta entidad «deben acompasarse a la voluntad política del país vecino».