Hace tiempo que, en Plena inclusión, muchas voces demandan cambios en el modelo tradicional de servicios residenciales. La situación vivida en las residencias con la pandemia reforzó ese clamor por la desistitucionalización. "Se ha demostrado que esos formatos que no eran buenos a ningún nivel, ni siquiera sanitario", argumenta Amor Numancia, directora del área de Discapacidad de Kairós, entidad aragonesa integrada en el movimiento asociativo mayoritario de la atención a la discapacidad intelectual.

Ahora, van a ser los fondos llegados de Europa para salir de la crisis de la covid, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los que van a permitir ir dando pasos en esa dirección. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 está desarrollando nuevas políticas para transformar los modelos de cuidados de larga duración de aquellos colectivos vulnerables que requieren de servicios residenciales, como las personas sin hogar, con discapacidad o de edad avanzada.

Para ello, distintas entidades sociales van a cooperar con el Gobierno para implementar soluciones innovadoras que permitan transitar desde el modelo imperante de grandes residencias hacia otro en el que predominen las viviendas integradas en la comunidad y los servicios de apoyo comunitarios. A este fin, el Ejecutivo va a destinar, de aquí a 2024, 180 millones de euros para extraer aprendizajes e identificar mejoras orientadas a transformar el sistema de servicios sociales residenciales.

De esa cantidad, los 25 millones que se dirigen al sector de la discapacidad intelectual están gestionados por Plena inclusión, en siete comunidades autónomas, mediante el proyecto ‘Mi casa: una vida en comunidad’. Plena inclusión Aragón, en colaboración con el Gobierno autonómico, coordina en este territorio a las cuatro entidades sociales que participan esta experiencia: Atadi, Valentia, Fundación Cedes y Kairós.

Se va a investigar si el nuevo modelo impacta de forma positiva en la calidad de vida de las personas usuarias y su viabilidad económica. "El objetivo es trabajar junto con las administraciones públicas para transformar la normativa y los catálogos de servicios sociales", señala Esteban Corsino, coordinador de 'Mi Casa' en Aragón.

En octubre, 26 aragoneses con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo se mudarán desde sus residencias a viviendas ordinarias. "La calidad de los servicios no puede ser la misma en una macroinstitución que con una atención individualizada en entornos más pequeños», opina Lucila López, responsable del proyecto en Cedes. "Hay que darles los apoyos que precisen para que puedan tener algo tan básico como intimidad, un espacio propio… Una vivienda que puedan sentir como su casa, como a todos nos gusta en nuestro día a día", agrega Belén Pardina, conectora comunitaria de Mi Casa en Valentia para la zona de Barbastro y Monzón.

Además, 30 usuarios de centros y servicios diurnos en Aragón desarrollarán estos planes. "Es importante de cara a su inclusión, para que aumenten su calidad de vida y su autonomía y sean más felices. Es una cuestión de derechos", zanja Eva Rubio, responsable de Mi Casa en Atadi.

Un proyecto de cooperación

 ‘Mi casa: una vida en comunidad’ tiene un presupuesto de casi 25 millones de euros, financiados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Liderado por Plena inclusión España, en él participan siete de sus federaciones autonómicas y 32 entidades de atención a la discapacidad, en cooperación con distintas administraciones autonómicas y locales. Llegará a 759 beneficiarios con discapacidad intelectual. Plena inclusión Aragón cuenta con 2,5 millones para liderar el proyecto en esta Comunidad Autónoma, en el que participan 56 personas usuarias las entidades Atadi, Valentia, Fundación Cedes y Kairós, y colabora el Gobierno de Aragón.

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