El Tribunal de Contratos paraliza el concurso de transporte sanitario urgente
Cuatro ayuntamientos del PP, dos asociaciones y otros tantos sindicatos solicitaron la suspensión al recurrir los pliegos.
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) acaba de suspender cautelarmente el concurso de transporte sanitario urgente, cuyo valor estimado asciende a más de 185 millones, tras haber recurrido cuatro ayuntamientos del PP, dos asociaciones del sector y los sindicatos Cooperación Sindical y CSIF-Aragón.
La paralización fue solicitada por los ocho recurrentes y lo ha acordado el Tacpa este martes con el argumento de que no le iba a dar tiempo a resolver este asunto antes del próximo viernes, cuando expira el plazo estipulado por el Servicio Aragonés de Salud para presentar ofertas en el procedimiento abierto a finales de abril. Esto implica la suspensión del plazo para presentar las proposiciones, de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público.
El Tribunal de Contratos no entra al fondo de la cuestión en su acuerdo, adoptado por mayoría y en el que ha ejercido de ponente su presidenta, Esperanza Ríos. La decisión supone un varapalo para la consejera de Sanidad, Sira Repollés, que la semana pasada se negó a retirar el nuevo pliego del transporte sanitario urgente pese a la petición de las Cortes –a iniciativa del PP– a y las duras críticas de alcaldes de municipios afectados, de parte de los socios del cuatripartito y de la oposición.
Repollés se ha reafirmado este lunes en que se trata "del mejor pliego que ha tenido la Comunidad en toda su historia" y ha atacado de nuevo al PP por considerar que dice "verdades a medias" cuando la atención estará "garantizada" con el nuevo diseño del servicio.
En sus recursos, los ayuntamientos del PP de Maella, Aranda de Moncayo, Brea de Aragón e Illueca alegan que los pliegos vulneran la Ley de Contratos, reduce la prestación de las ambulancias y fija unos periodos de localización y tiempos de respuesta de "imposible cumplimiento".
Por parte de la Asociación de Empresas de Transporte Sanitario se centra en que las penalidades fijadas en los pliegos "exceden de lo que la norma establece", mientras la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Transporte Sanitario cuestiona tanto el precio de licitación como el valor estimado del contrato.
A la batería de recursos se suman el Sindicato Cooperación Sindical y CSIF, que como representantes de la actual plantilla que presta el servicio de transporte sanitario urgente aducen igualmente que la cuantía de la licitación es "errónea e insuficiente" al no tener en cuenta, a su juicio, todos los costes laborales y materiales para la correcta prestación.
Tras conocer el acuerdo del Tribunal de Contratos, la portavoz parlamentaria del PP, Mar Vaquero, ha vuelto a reclamar la comparecencia del presidente aragonés, Javier Lambán, para valorar la situación actual de la sanidad. "No sé qué tiene pasar más para que acuda a las Cortes para dar explicaciones", ha dicho.
