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Los secretarios municipales de Zaragoza, contra la conversión de 175 interinos en funcionarios

Denuncian que el Ministerio de Hacienda va a hacerlo con 658 trabajadores en todo el país en lugar de respetar a los que ganan su puesto a través de la oposición.  

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Juan Carlos Hidalgo

El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros (Cosital) de Zaragoza va a impugnar ante los tribunales la decisión del Ministerio de Hacienda y Función Pública de convertir a los 175 interinos que hay en Aragón (en todo el país hay 658) en funcionarios sin realizar una oposición. Se trata de puestos de trabajo como intervención, secretarías, intervenciones y tesorerías de entrada.

El secretario de Cosital de Zaragoza, Antonio Jaime, señala que el Gobierno central publicó el real decreto para la estabilización de esas plazas interinas y pueden convocarlas antes del 31 de diciembre de este año o de 2023.

En un comunicado, los funcionarios aragoneses critican que dichos puestos de trabajo “no estén cubiertos por un funcionario de carrera, sino por interinos”. “Este problema no se va a solucionar con una ley que, por su naturaleza y condiciones, no es aplicable a nuestro colectivo, sino con una batería de medidas de reforma de la Administración Local que debe implementarse”, denuncian los secretarios.

Asimismo, critican que la mejor solución adoptada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para arreglar el conflicto de los 658 interinos en todo el país ha sido “convertir por arte de magia, mediante un simple concurso de méritos donde primará la “experiencia profesional, a buena parte de dichos trabajadores que hacen funciones de funcionarios de habilitación nacional, pero sin haber ganado las oposiciones".

Los miembros de Cosital detallan que sus funciones, como el mantenimiento de la fe pública, el asesoramiento legal preceptivo y el control económico financiero del gasto y los ingresos de los ayuntamientos, exigen un “largo proceso” en el que es necesario aprobar “una dura y larga oposición, con un temario muy extenso”.

No ofertar todas las vacantes 

De hecho, denuncian que para los funcionarios que aprobaron la última oposición convocada, “el Ministerio no les ofertó la totalidad de las vacantes, y ello con la clara pretensión de que dichos puestos fuesen consolidados por sus correspondientes interinos”. Por ello, censuran que estos profesionales “fueron privados de su derecho a obtener destino”, y a los Ayuntamientos se les privó de la oportunidad de ser asesorados y fiscalizados por un funcionario con plenas competencias”.

Cosital considera que “al Ministerio de Hacienda le ha parecido una buena solución regalar la plaza a quienes deben de fiscalizar las cuentas de nuestros Ayuntamientos, a quienes han de velar por el cumplimiento de la legalidad de los mismos”.

Además, agregan que ha sido “doloroso” observar que hasta 175 plazas a consolidar pertenezcan a la comunidad de Aragón. “Este proceso de estabilización no mejorará la situación de todos esos Ayuntamientos alejados de los grandes centros de población, pues en cuanto los interinos obtengan por esta vía la habilitación, levantarán el vuelo y concursarán a plazas mejor dotadas económicamente”, apuntan.

Asimismo, inciden en que “es más que probable” que interinos de otras comunidades autónomas ocupen alguno de los muchos municipios aragoneses incluidos en un listado para que, “una vez cubierto el tiempo mínimo de permanencia en primer destino, volver a dejarlos vacantes para que se cubran nuevamente por un interino”. “La injusticia se habrá consumado y el problema sin solucionar”, denuncian.

Concluyen que la aportación de los funcionarios es la de velar por el buen funcionamiento de las instituciones, “cuidar los valores democráticos”, pero “la estabilización lo debilita”.

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