Siete de cada diez agresiones a sanitarios se producen en el ámbito hospitalario

"Hemos pasado de los aplausos a las agresiones". Así de contundente se expresa un profesional que prefiere preservar su identidad y que asegura que los ataques verbales y físicos hacia este colectivo están aumentando. La pandemia ha agravado esta lacra. Para el sindicato CSIF, que presentó a Sanidad hace unos días más de 3.000 firmas exigiendo más medidas de seguridad, los miles de contagios, el colapso de la Atención Primaria, la saturación, el retraso en la atención a patologías no covid y una "mayor crispación social" han empeorado esta situación. En Aragón se notificaron 355 hechos de este tipo en 2021 y en este primer cuatrimestre ya se han registrado 151: 119 han sido sufridos por mujeres (casi el 80%) y 32 por hombres. Siete de cada diez casos han tenido lugar en los hospitales (108), frente a 43 ocurridos en Atención Primaria y extrahospitalaria. El 44% de las agresiones han sido físicas y el 56%, verbales. El rango de edad de las personas que se enfrentan a estas situaciones se sitúa, sobre todo, entre los 35 y los 55 años. En esta franja se concentran 71 de los casos notificados al Servicio Aragonés de Salud.

Así se desprende de los datos recogidos en el informe sobre la violencia en el lugar de trabajo, entre enero y abril de este año, elaborado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y que el Salud dio a conocer a los sindicatos en la última mesa técnica.

Por sectores sanitarios, Zaragoza III –el que tiene al Clínico como centro de referencia– es el que concentra más agresiones, con 45, 30 de ellas en hospitalización. Le siguen Zaragoza II y Huesca, cada uno con 28 casos. El colectivo de Enfermería fue el más perjudicado (50). En casi el 80% de las situaciones registradas en el informe del primer cuatrimestre el agresor fue un usuario o paciente. Algunos centros de salud en Aragón disponen de guardas de seguridad y otros de cámaras de vigilancia.

Plan de formación

El Departamento de Sanidad lleva a cabo desde hace años actividades de concienciación y prevención para minimizar estas agresiones, en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Durante 2022 se está desarrollando un plan de formación frente a conductas violentas hacia los profesionales sanitarios, a través de dos tipos de cursos que se van a desarrollar en todos los sectores sanitarios y en el que pueden participar todos los trabajadores del Servicio Aragonés de Salud interesados, con contenidos teóricas y prácticos.

Se realiza formación ‘online’ e información de la difusión del protocolo y normas de actuación tras una agresión. Además de las sesiones centradas en evitar o minimizar las agresiones, el Servicio de Prevención ha planificado una formación específica en control emocional, gestión del conflicto y comunicación eficaz que se va a desarrollar desde junio a diciembre en todos los sectores sanitarios, Gerencia del Salud y Urgencia y Emergencia 061.

Cada dos meses se reúne la mesa Técnica de Agresiones –la última fue el 24 de mayo–, y se acuerdan las líneas de actuación. Existe la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario, a partir de la Instrucción 3/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre medidas policiales frente a agresiones a profesionales de la salud, que colabora y asesora con los centros en la implantación de medidas de seguridad y formación frente a agresiones.

Amenazas con una navaja a una médica si no le daba los resultados de un enfermo, puñetazos y patadas a dos auxiliares de enfermería por llamar la atención a la familia de un paciente, heridas con arma blanca a un facultativo que pasaba consulta, ataque a una profesional que fue retenida al acudir a un domicilio, insultos, empujones... Situaciones conflictivas a las que se enfrenta el personal sanitario durante el desarrollo de su trabajo y que, en ocasiones, llevan aparejados problemas de ansiedad.

Gemma Redolar, enfermera: "Disparó cinco veces. No sabíamos que no era un arma real y no tenía balas"

José Miguel Marco

El 2 de mayo de 2020, en plena primera ola de la pandemia de covid, una enfermera y una médica fueron apuntadas con una pistola por un hombre cuando fueron a atenderle a su casa en Burbáguena (Teruel). Ellas se enfrentaron a esta situación desconociendo que era un arma simulada: "Llegó a disparar el gatillo hasta en cinco ocasiones, pero no tenía balas". Algo que ellas no sabían.

La enfermera Gemma Redolar rememora aquel día: "No sé qué se le pasó por la cabeza. Lo he pensado miles de veces, pero no hay nada que justifique que alguien saque un arma, apunte a la cabeza de mi compañera y diga: 'Te voy a matar'". "Oímos cómo echó para atrás el percutor y cuando fue a disparar le di un manotazo en el brazo intentando desviar la trayectoria de la bala. Afortunadamente no había, pero claro, eso lo sabemos ahora". El incidente causó en las dos profesionales graves secuelas psicológicas. La doctora tuvo que permanecer de baja laboral 190 días y la enfermera, 210.

La Guardia Civil llegó al domicilio: "Intentaron tomarnos declaración, pero estábamos en tal estado de nervios que fue imposible. A cada palabra nos echábamos a llorar. Volvieron al día siguiente, pero no lo detuvieron". "Todavía nos queda pasar por lo peor, que es el juicio, y tener que volver a estar cerca de él", explica. "A mí me gusta mucho mi profesión. Me ofrecí voluntaria para trabajar en el centro covid en Alfambra, dejando en Zaragoza a mi familia. Pero en estos momentos ya no tengo ilusión".

Luis Miguel Soriano, celador: "Le pedí el pase y, sin más ni más, me dio un puñetazo en el pecho"

Toni Galan

Luis Miguel Soriano, celador en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, ha sufrido ya a dos agresiones. La primera fue el 30 de agosto del año pasado, cuando estaba en el acceso de Urgencias. Un paciente que trasladaban agentes de la Policía Local, y permanecía en la sala de espera, le dio un puñetazo en la boca a un compañero. Él salió en su defensa y recibió golpes. Denunciaron los hechos, pero el agresor no se presentó al juicio en dos ocasiones y se declaró insolvente.

El segundo ataque ocurrió el 28 de diciembre: "Estaba en la puerta pidiendo el pasaporte covid y llegó el hijo de un paciente. No llevaba el pase (solo se permite un acompañante por enfermo) y me dijo: 'Yo paso porque me da la gana'. Y empezó a soltar por su boca improperios e insultos y sin más ni más me dio un puñetazo en el pecho". "Me fue acorralando y no podía salir por ningún lado. Se quedó escondido detrás de la escalera de caracol y, cuando llegaron los agentes, salió corriendo". Soriano apunta que interpuso la denuncia: "Pero al no poderlo localizar, el fiscal lo archivó». En aquel tiempo, durante la pandemia, con la exigencia del pasaporte covid para entrar en el hospital, dice, «había una indefensión total": "Nos pusieron un guardia durante una temporada, mañana y tarde, y aun así se producían situaciones comprometidas".

Ángel Alcalá, médico de Familia: "Me sentí ultrajado y ninguneado. Estamos totalmente desprotegidos

El pasado 10 de abril, un médico fue agredido física y verbalmente en el centro de salud de Maella por un joven ebrio al que estaba atendiendo y por sus acompañantes. Una hora después, el facultativo descubrió que alguien le había roto las lunas de su coche tras arrojar piedras al vehículo. Ángel Alcalá, que ya había sufrido dos agresiones previas, asegura que ante situaciones como la que le tocó vivir están "totalmente desprotegidos": "Me sentí ultrajado, ninguneado, minusvalorado. Estás allí para prestar una ayuda, y más en esas fechas, que me hubiera gustado estar con mis familia, y hay gente que no valora el trabajo y esfuerzo que haces por ir a una zona rural y prestar una asistencia y dar un servicio".

Faltan medios, dijo, y «no todos los centros de salud cuentan con ‘botón del pánico’». Recuerda que cuando ocurrieron los hechos, al ser fin de semana, los puestos de la Guardia Civil de Maella y de Caspe estaban cerrados y los agentes se tuvieron que desplazar desde Pina de Ebro. "Tardaron dos horas en llegar". Ante este hecho vandálico, o el ocurrido recientemente en Andorra, donde el coche de una médica y una ambulancia quedaron calcinados, reiteró la "desprotección" en el medio rural y exigió más medidas de vigilancia, como la instalación de cámaras, como método disuasorio y preventivo.