La subida de la luz trastoca las cuentas de las instituciones pese a las medidas de ahorro
El incremento obliga a tirar de remanentes o hacer modificaciones presupuestarias.
El incremento del precio de la energía a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania está provocando auténticos rotos en las cuentas de las principales instituciones de Aragón. La mayoría han aprobado planes de acción para reducir gastos o han acelerado los que estaban en marcha, consiguiendo un ahorro que, por ahora, no cubre las subidas.
El ‘tarifazo’ eléctrico ha cogido a la DGA con el acuerdo marco "blindado" hasta septiembre de 2022. Esto hace que el Gobierno de Aragón siga pagando los precios fijados en la última revisión, de septiembre de 2021. No obstante, en este tiempo "se ha avanzado en el cambio de luminarias" y se han adoptado otras medidas, como una bajada progresiva de la calefacción, para ahorrar gastos, según explicaron desde Hacienda.
El Justicia, por su parte, ha conseguido rebajar un 6,2% su consumo eléctrico, según figura en la factura del mes de abril. La institución inició ya en 2018 un ambicioso plan para reducir su huella de carbono, impulsando una batería de medidas que, según explicó su secretaria general, María Jesús Lite, se han visto "aceleradas" por el estallido del conflicto.
Como consecuencia, toda la iluminación interior es led y "se ha incidido en la concienciación", ajustando al máximo el encendido del sistema de climatización y cuidando cada detalle. "Solo se encienden las luces que resultan imprescindibles", comentó. En marzo hubo incluso "una parada total de los equipos" durante 15 días. "Lo importante no es una acción-reacción, sino ser conscientes de la situación y tomar medidas para reducir el consumo lo máximo posible. Nosotros nos hemos dado cuenta de que es posible", agregó Lite.
Mientras, el Ayuntamiento de Zaragoza ha ahorrado algo más de un millón de euros en la factura de abril, evitando la emisión de 1.700 toneladas de dióxido de carbono, según explicaron fuentes del Consistorio. Ya en marzo decidió reducir el tiempo de alumbrado público y bajar la calefacción para hacer frente al alza de costes derivada de la guerra en Ucrania.
Esto, sin embargo, no ha evitado que a mediados de abril se hubiesen gastado ya 20 de los 23 millones de euros presupuestados para pagar la luz este año.
En la Universidad de Zaragoza -donde el protocolo de ahorro ha provocado quejas por la falta de aire acondicionado durante el episodio de calor de mayo, que elevó la temperatura de clases y laboratorios por encima de los 30 grados- el sobrecoste supera ya los 1,6 millones de euros.
El dato corresponde al primer trimestre de este 2022 y se explica por el incremento del 187% de los costes acumulados. Según las estadísticas del campus público, en este tiempo se ha gastado más de la mitad del presupuesto anual para energía. Por ello, a las iniciativas ya aplicadas -entre las que se incluyen la reducción "a un tercio" de la iluminación en pasillos y zonas comunes o el apagado de los ordenadores fuera del horario laboral-, se unirán otras como la priorización de la ventilación "natural y forzada" de los edificios.
No en vano, desde la propia universidad recuerdan que "un mes sin climatización manteniendo el servicio en los espacios esenciales supone un ahorro de medio millón de euros".
Escaso margen de maniobra
Los ayuntamientos también están tenido que afrontar facturas "muy potentes" y aplicar, en lo posible, medidas de ahorro, según explicó el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), Luis Zubieta: "El alza de costes está repercutiendo directamente en sus cuentas. Los que tienen están echando mano de los remanentes y los que no, haciendo modificaciones presupuestarias". Solo la factura de la luz se habría incrementado en torno a un 30% en consistorios como el de Zuera. "Los grandes tenemos más margen de maniobra, pero los pequeños tienen unos recursos más limitados. Con unos presupuestos aprobados en enero y unas previsiones de costes con cifras de 2021 las cuentas no salen", afirmó.
